Cada vez es más patético, por lo evidente, el estado de descomposición de la justicia en Veracruz, que se expande por los diferentes ámbitos del tejido social que, en las últimas semanas, ha mostrado estar en ebullición.

El pasado 14 de mayo, una estudiante de la Universidad Anáhuac Xalapa –perteneciente a los Legionarios de Cristo, la congregación fundada por el pederasta Marcial Maciel– lanzó su automóvil sobre unos manifestantes, quienes protestaban por las afectaciones a sus viviendas causadas por la construcción de la llamada “villa olímpica” de los Juegos Centroamericanos que se celebrarán en noviembre en el estado.

Enfurecida porque integrantes de la agrupación Antorcha Campesina bloqueaban la avenida conocida como Arco Sur en esta ciudad capital para manifestar su descontento, Liliana González Morales perdió los estribos y atropelló a dos de éstos, un maestro y un estudiante, con todas las agravantes que contempla la ley.

Al ser detenida por elementos de la policía, luego de intentar darse a la fuga, esta muchacha expresó que no le importaba, pues con pagar alguna suma de dinero evitaría pisar la cárcel. Y al parecer, la joven ahora conocida como “Lady Anáhuac” sabía de lo que hablaba.

No sólo no fue ingresada a prisión, pues pagó fianza para mantenerse en libertad. Unos días después del hecho, con una impresionante celeridad, la juez de Control Estrella Iglesias Gutiérrez exoneró a Liliana González Morales del delito de tentativa de homicidio contra el profesor Dionisio Pérez Zárate y el estudiante Edwin Rodolfo López Pérez, a pesar de que hay videos y fotografías de cómo los embistió con su auto, con total alevosía.

Evidentemente, a cualquier otro ciudadano de a pie, esto le habría costado ser refundido en prisión por meses. Pero resulta que Liliana González es hija de un comandante policiaco, Leopoldo González Arenas, así que su caso fue abordado por la autoridad ministerial con una rapidez inaudita, dando como resultado la sentencia exculpatoria que mencionamos antes.

Todavía le resta enfrentar una acusación por lesiones dolosas que sus abogados también buscarán echar abajo, bajo el argumento de que Liliana González “sólo les aventó el carro porque se le hacía tarde para llegar a la escuela”.

La cereza del pastel la puso el propio alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, al declarar que sucesos como éste lo que denotan es el “hartazgo” de la sociedad xalapeña por las constantes manifestaciones y bloqueos, que al afectar la vialidad pueden provocar “sucesos como los que se cometieron”.

Es verdad que los habitantes de la capital de Veracruz estamos hartos de los bloqueos que hacen del tránsito por la ciudad un martirio. Pero también estamos hartos de que las malas políticas públicas, que las deficientes obras y las corruptelas de los gobernantes sean la causa de que existan dichas manifestaciones de descontento social, que a veces son la única manera de hacerse visible ante unas autoridades abúlicas e incompetentes.

Además, es monstruoso que se pretenda justificar un intento de homicidio, que lo fue, porque una avenida fue cerrada por una manifestación, por más molestias que ésta pueda causar. Lo que la autoridad debería hacer es ponerse a trabajar para resolver los problemas de la sociedad.

Porque si a ésas vamos, también tendrían que justificar que, por ejemplo, un ciudadano molesto por espectáculos grotescos como los de los desnudistas 400 Pueblos arremetiera a balazos en su contra por atentar contra la moral para chantajear al gobierno. O que todos los automovilistas de Xalapa decidieran pasar por encima de las huestes del partido Cardenista cuando cierran el centro de la ciudad para exigir dinero y canonjías.

Como si no fuera suficiente con la corrupción y la impunidad, ahora quieren que se aplaudan y alienten las conductas psicópatas, mientras la justicia se vende al mejor postor.

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