La nueva Ley de Delitos Electorales recientemente aprobada por el Congreso de la Unión contempla fuertes sanciones para quienes cometan actos ilícitos durante las campañas y los comicios, pero deja dudas sobre la efectividad de su aplicación.

Después de la elección de 2006 –que fue duramente cuestionada y cuyos artilugios acabaron con la confianza que durante los diez años anteriores se ganó el IFE– los partidos políticos acordaron endurecer la legislación en la materia para que, supuestamente, nadie más llegara al poder “haiga sido como haiga sido”.

De esta forma, se prohibió a partidos y candidatos comprar directamente tiempos y spots en medios de comunicación electrónicos; se impuso la obligación a los órganos electorales de establecer un padrón de medios a los cuales contratar la propaganda oficial y partidista en cada proceso; las campañas de promoción de imagen de los gobernantes fueron proscritas –salvo cuando presentasen sus informes de labores– y se establecieron “vedas” para la promoción de la obra pública de los tres niveles de gobierno mientras transcurriesen campañas políticas, entre muchas otras normas.

¿Cuál fue el resultado de estas regulaciones? Que los partidos y sus políticos se las ingeniaron para encontrar resquicios y lagunas legales que les permitieran burlar estas prohibiciones. Así, para evitar que se contabilizara como un gasto de campaña, los medios impresos realizaban piezas informativas para un candidato o aspirante a serlo simulando que se trataba de trabajos de interés periodístico, cuando en realidad se trataba de gacetillas pagadas a los medios en cuestión que, para no dejar huellas que la autoridad pudiera seguir y fiscalizar, las cobraban sin mediar factura.

Como este ejemplo hay cientos, que son una muestra de cómo los propios autores de las leyes que en teoría buscaban brindar equidad, transparencia y limpieza a los procesos electorales, se encargaban de pasarles por encima y de llenar las campañas de propaganda simulada, rebasando de manera grotesca y evidente los topes de gastos definidos por los órganos electorales, y al final del día, haciendo aún más cara, y más sucia, la elección de los gobernantes y representantes populares en México.

¿Por qué habría de ser diferente ahora? ¿Por qué habríamos de creerles a los políticos que ahora sí van a respetar la ley? ¿Por qué habríamos de pensar que si  alguno comete algún delito va a ser sancionado? La política en México es un lamentable muestrario de corruptelas e impunidad. ¿Por qué van a cambiar en este momento?

Sin duda que la nueva legislación integra conceptos y tipos delictivos electorales novedosos que necesariamente tendrían que haber sido considerados desde hace tiempo, como la cárcel y multas a los servidores públicos que coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para votar o asistir a actos proselitistas de un partido o candidato específico. O a quien destine dinero de procedencia ilícita para los mismos efectos.

Pero mientras entre la clase política y en la sociedad persistan las mismas prácticas y la misma mentalidad de que “el que no transa, no avanza”, aderezada con la correspondiente dosis de impunidad, podrán incluir en la legislación la amenaza del fuego eterno para quien infrinja la norma.

El resultado seguirá siendo el mismo.

Breve pausa

Con el fin de que el autor pueda atender unos asuntos personales, esta columna no se publicará el viernes 16, el lunes 19 y el martes 20 de mayo, regresando a las andadas el miércoles 21. Por su atención, muchas gracias a sus lectores.

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