Tras la tormenta digital en redes sociales de inicio de semana que desató un verdadero tsunami de críticas contra la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, que incluye artículos claramente censores y que en algunos casos suponían un alarmante retroceso democrático, en el Senado de la República decidieron bajarle “dos rayitas” a los términos de la redacción del proyecto de ley que habrá de discutirse en el pleno este jueves.

Dicho proyecto, elaborado por las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, eliminó las referencias al bloqueo e inhibición unilateral al acceso a contenidos en Internet a petición de la autoridad, y al contrario, parece que busca garantizar los derechos de los usuarios.

Sólo que subsisten algunas de sus taras originales, las cuales no recibieron la misma atención que el tema de la Internet por no ser tan “populares” entre el grueso de la población.

El académico y experto en el tema de las comunicaciones, Raúl Trejo Delarbre, describió muy puntualmente varios de los puntos que siguen intocados en el proyecto de dictamen que discutirán los senadores, y que han sido señalados con anterioridad por otros estudiosos e interesados en el tema, como el director de la revista etcétera, Marco Levario Turcott.

Por ejemplo, señala Trejo Delarbre, la propuesta de ley “castiga a los medios públicos. No recupera las garantías que la reforma constitucional les otorga a tales medios y sujeta al nuevo organismo nacional de radiodifusión pública al control del gobierno federal”.

Asimismo –continúa Trejo– “margina y discrimina a los medios comunitarios e indígenas; carece de reglas para auspiciar la producción nacional independiente y para garantizar la integridad de los contenidos audiovisuales que se difunden por televisión y radio; y confiere a la Secretaría de Gobernación la supervisión de contenidos en radiodifusión, en detrimento de las atribuciones constitucionales del Ifetel”, por citar algunas.

Y a pesar del matiz que se le dio a la redacción de los artículos más controversiales de la iniciativa presidencial, como el 145 y el 197, eso no significa que los ánimos por controlar la Internet y por mantener bajo estricta vigilancia a los usuarios de las telecomunicaciones hayan cesado.

Los artículos 189 y 190 del proyecto de las comisiones senatoriales, que se refieren a “las obligaciones en materia de seguridad y justicia”, dejan casi en sus mismos términos las disposiciones de la iniciativa original acerca del control de las comunicaciones privadas y de la entrega de datos personales a las instancias encargadas de la seguridad, la procuración y la impartición de justicia, lo cual, en lugar de conferir confianza a los usuarios de las redes y de las telecomunicaciones en general, les provoca terror por el uso que tales dependencias, infestadas de corrupción, puedan dar a esa información bajo el pretexto del combate a la delincuencia.

Para los defensores de la iniciativa presidencial y del proyecto de dictamen de las comisiones en el Senado, sus virtudes son mayores que sus defectos, pues las miran a los ojos de sus particulares intereses, cuando por lo que debería velarse en una legislación tan importante es por el interés colectivo de la Nación.

Sin embargo, y por lo que hemos visto en la actuación del Congreso de la Unión durante los últimos meses, esto último les importa un bledo. A menos que este jueves demuestren lo contrario.

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