La Ley de Educación del Estado de Veracruz debe leerse y analizarse. Entre muchos docentes despierta interrogantes que deberán tener una respuesta antes de que originen problemas.

 

 

Una de las interrogantes se encuentra en el párrafo IV del artículo 44 de la Sección Quinta que se refiere a la conformación del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa. Dice: IV. Los miembros del Consejo Consultivo serán designados por la Junta Directiva del Instituto Veracruzano para un período de cuatro años, pudiendo ser ratificados por un segundo período, a propuesta de las respectivas juntas académicas u órganos colegiados equivalentes, del modo siguiente:

 

a) La Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, podrá proponer hasta cuatro consejeros;

 

b) El Centro Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, la Escuela Normal “Juan Enríquez”, la Escuela Normal Superior “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, así como el Centro de Estudios Superiores de Educación Rural “Luis Hidalgo Monroy”, podrán proponer dos por cada una de ellas.

 

Maestros cuestionan por qué razón la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” podrán proponer 4 miembros mientras que las otras normales sólo podrán proponer a 2. La ley, no indica cuáles son los criterios que se siguieron para asentar esa disposición en la ley. Refieren que al no haber una explicación de los criterios que se siguieron para determinar el número de integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano y al no explicar también tal situación las autoridades educativas puede correrse el riesgo de que en Veracruz se crea que hay escuelas normales públicas de primera y escuelas normales públicas de segunda.

 

Otra duda se refiere al por qué no se incluyó en la Ley de Educación del Estado de Veracruz algún artículo que estableciera el número de comisionados de acuerdo con el número de agremiados en los sindicatos magisteriales y que éstos no deben recibir un salario originado en el presupuesto de la Secretaría de Educación de Veracruz sino en el de los sindicatos magisteriales.

 

Una tercera duda es porque la mencionada ley no establece evaluación alguna para el secretario de educación con la finalidad de que éste demuestre que está capacitado para desempeñar ese alto encargo.

 

En otro sentido, pareciera que la Ley de Educación dará la oportunidad a muchos docentes que no tienen vocación de pasársela muy bien una vez que en la ley se garantizan sus derechos laborales y su permanencia en el sistema educativo veracruzano.

 

Dice la Sección Cuarta que se refiere a la permanencia en el servicio, artículo 75: “… el personal en servicio con nombramiento definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de desarrollo profesional a que se refiere la presente ley y, en todo caso, el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, no será separado de la función pública educativa y será readscrito en otras tareas dentro de dicho servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales y laborales adquiridos de los trabajadores de la educación y a los criterios de arraigo y residencia. Lo anterior, sin demérito de su derecho a participar en los procesos y concursos a que refiere la presente ley”.

 

Es decir, desde siempre se ha sabido que en todos los sindicatos magisteriales hay quienes se desempeñan como docentes sin tener vocación alguna, sin tener el mínimo deseo de estar frente a grupo. Si sus derechos están garantizados, se vislumbra que podría haber quienes intencionalmente busquen no aprobar las evaluaciones para ser trasladados a una actividad administrativa en donde podrían llevar su jornada laboral “de a muertito”, cómodos, sin que nadie los moleste, sin que nadie los evalúe.

 

Y podría haber mil, dos mil, 10 mil docentes o más sin vocación que busquen ser trasladados a actividades administrativas con todos sus derechos laborales garantizados. Y podría originarse un caos económico porque habría mil, dos mil, 10 mil o más trabajadores administrativos innecesariamente y faltarían en las aulas mil, dos mil, 10 mil o más docentes a los que, lógicamente, habría que pagar. ¿Quién podría clarificar la disposición?

 

*** Para la diputada local por el PRI, Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la LXIII Legislatura, está claro que con la Ley de Educación del Estado de Veracruz el gobernador Javier Duarte de Ochoa busca elevar la calidad de educación de los niños y jóvenes así como proteger los derechos laborales del personal docente y administrativo veracruzanos.

 

En tribuna, la legisladora defendió la aprobación de la mencionada ley: “Quiero manifestar lo siguiente por el respeto que merecen todos los diputados, esta legislatura no legisla al vapor; al contrario, lo hace con absoluta responsabilidad, la prueba más grande de ello es que hoy este gran reclamo social se convierte en Ley General para la Educación de los Veracruzanos en beneficio del magisterio, el titular del ejecutivo del estado, Javier Duarte de Ochoa, en uso de sus facultades constitucionales hizo llegar al Congreso del Estado, su iniciativa de nueva Ley de Educación de Veracruz”.

 

La congresista refirió que en atención a la modificación de los artículos tercero y 73, fracción XXV de la Constitución federal, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se adecuó la legislación de Veracruz para estar a tiempo con los criterios de la reforma educativa.

 

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura aseguró ante diputados y líderes magisteriales que el proyecto aprobado este martes sustenta el principio de que educación de calidad, significa igualdad de oportunidades para garantizar el derecho de los veracruzanos a elevar su nivel de vida, el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidades, la enseñanza de valores cívicos y éticos, de la responsabilidad y solidaridad con sus comunidades.

 

Para la titular de la mencionada comisión legislativa en el ordenamiento que el martes se sometió a consideración de los diputados, “se advierte el profundo sentido social que para México y en especial para Veracruz, tiene el derecho humano a la educación, al afirmar y confirmar sin duda alguna que la educación que imparta el estado, será gratuita, laica, obligatoria y que todas las personas tienen derecho a recibirla, por eso mienten quienes afirman lo contrario”.

 

Aseguró que con la Ley de Educación para el Estado de Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa cumple su palabra de armonizar en beneficio de la calidad de la educación, de su compromiso y preocupación con los maestros y maestras del estado, de su decisión de crear un organismo público expreso para su desarrollo profesional y evaluación formativa, pero sobre todo de mirar por el máximo logro y el mejoramiento constante de los alumnos del sistema educativo veracruzano.

 

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