Con el inicio de la temporada de Cuaresma, en Veracruz el ayuno no sólo es de carnes rojas. Lo es también de justicia.

La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrada por los magistrados Julio Patiño Rodríguez, Fernando Guzmán Calvo y Julio César Díaz Hernández, sin tomar en cuenta los alegatos sobre las múltiples irregularidades en la integración del expediente, ratificaron la condena de 65 años de prisión para Miguel Ángel Mateos Escamilla, acusado de haber participado en el homicidio de Karina Reyes Luna, secuestrada y asesinada en la ciudad de Orizaba en junio de 2008.

A través de una carta dirigida a la sociedad en general, Roberto Mateos Sánchez y Margarita Escamilla de Mateos, padres de Miguel Ángel Mateos Escamilla –recluido desde hace más de cinco años en el penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de Los Reyes, en la zona centro de Veracruz– expresaron su desacuerdo con este fallo de los togados y anunciaron que acudirán a solicitar la protección de la justicia federal.

Los padres del joven señalan que “una vez más demostramos que todo el montaje legaloide en el que se ha envuelto a Miguel Ángel ha sido una vil mentira; y la actuación de la jueza y de los magistrados nos hacen ver con decepción que adoptaron una actitud de servilismo descarado y que el Poder Judicial de nuestro estado no tiene independencia, sino que está sujeto a dictados superiores”.

En la carta se hace hincapié en once elementos de prueba que no fueron tomados en cuenta a la hora de dictar y ratificar la sentencia:

“1.- Los testigos que presenciaron los lamentables hechos no reconocen a Miguel Ángel como la persona que interceptó a la víctima;

2.- Los retratos hablados no corresponden a las características físicas de nuestro hijo;

3.- Miguel Ángel a pesar de la tortura a la que fue sometido, jamás declaró haber participado en los lamentables hechos;

4.- Las huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos no corresponden a las de Miguel Ángel;

5.- La prueba genética es muy importante, porque mediante ella se puede dar con el responsable y absolver al falsamente acusado. El resultado de este estudio no fue integrado al expediente;

6.- Miguel Ángel presentó testigos que corroboran que no estuvo en el lugar y la hora donde ocurrieron los hechos;

7.- Se entregaron documentos que comprueban las actividades que nuestro hijo realizó el día del secuestro;

8.- El celular de nuestro hijo, decomisado por las autoridades, no registra ninguna llamada ni mensaje hechos a la víctima o a sus familiares;

9.- Nuestro hijo no tiene antecedentes penales, como lo quieren hacer ver “los impartidores de justicia”;

10.- Dolosamente no se realizó la reconstrucción de los hechos, porque la ley dice que deben estar presentes los testigos y hubo dos. Ellas habrían dicho que la persona que interceptó a la srita. Karina no fue Miguel Ángel;

11.- En las declaraciones de las otras personas a las que se les involucra en este mismo caso, afirman no conocer a nuestro hijo.”

Cabe recordar que Karina Reyes Luna era sobrina del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, e hija de uno de los dueños de la Universidad del Golfo de México, Luis Reyes Larios, ambos amigos cercanos de quien en ese entonces era gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y a quien desde un principio el padre de Miguel Ángel Mateos acusó de hacer de su hijo un chivo expiatorio con el cual dio cerrojazo al caso para entregarle “culpables” a esa poderosa familia.

En su carta, los señores Mateos Escamilla reiteran lo anterior: “estos lamentables acontecimientos se suscitaron hace más de cinco años, durante el gobierno del Lic. Fidel Herrera Beltrán; tal parece que en ese momento se dieron instrucciones de resolver de manera urgente este caso, aún fabricando culpables”.

Para concluir, aseguran que a su hijo se le negó el derecho a tener un debido proceso y que no hay voluntad política para resolver el caso conforme a la ley: “insistir en la culpabilidad sin haber pruebas contundentes es entrar en un juego perverso, signo de baja calidad moral de quienes tienen la encomienda de impartir justicia. Un estado que es injusto pierde su razón de ser, un gobierno cruel es sinónimo de opresión brutal sobre los más débiles”.

Por desgracia, es la historia de siempre en Veracruz, donde sólo recibe justicia quien puede pagar por ella. En la cárcel, los presuntos culpables. Libres, los delincuentes conocidos.

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