El tema de las pensiones para jubilados es una bomba de tiempo a punto de estallar, tanto en Veracruz como en el resto del país. Los sistemas públicos de seguridad social están rebasados y prácticamente en quiebra técnica, pues no cuentan con fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

Muchos factores juegan en este problema. En primer lugar, el aumento en la expectativa de vida de las personas incrementó, a su vez y de manera natural, el número de éstas que logró llegar al fin de su etapa productiva-laboral y que se hizo merecedora de recibir una pensión del Estado, el cual no se preparó financieramente para dar una respuesta a este sector de la población, que se ganó ese derecho.

Según estimaciones hechas con base en las cifras del ISSSTE y del IMSS (con datos actualizados hasta 2012), en México hay casi siete millones de personas mayores de 65 años, de las cuales, poco más de la mitad, unas tres millones 600 mil, cuenta con una pensión institucional.

Aunque en términos globales es un porcentaje relativamente pequeño, 3.2 por ciento del total de la población del país, desde el punto de vista financiero sí representa una cantidad muy considerable de dinero que, insistimos, el Gobierno no se preocupó por garantizar, a pesar de las llamadas de alerta que desde hace años se han hecho sobre la dificultad de mantener, bajo el esquema actual, al sistema de pensiones.

Lo peor es que en entidades como Veracruz, las aportaciones de los trabajadores del Estado para pagar a los jubilados actuales y para prepararse para el propio retiro han sido utilizadas para otros fines.

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) de Veracruz está quebrado. Y no porque los trabajadores hayan dejado de pagar sus cuotas, que les son retenidas directamente de su sueldo. El problema es que este organismo ha sido la “caja chica” de distintos gobiernos estatales para solventar otros gastos, principalmente los de orden electoral.

Según el Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación de Veracruz (SDTEV), la administración de Fidel Herrera Beltrán dejó un adeudo con el IPE de tres mil millones de pesos, que “no se sabe” a dónde fueron a parar, aunque en la Secretaría de Finanzas claman que no hay deuda alguna.

Obviamente, ante tal desfalco, el sistema de pensiones estatal hizo agua y entró en crisis, lo cual fue evidente el fin de año pasado, cuando los sueldos y aguinaldos de los jubilados fueron retenidos y pagados con varios días de retraso, causando la indignación de los afectados, en su mayoría personas de la tercera edad.

Por ello es que desde el gobierno estatal se empuja la idea de una reforma a la Ley de Pensiones del Estado, en la que se aumente el rango de edad para tener derecho al retiro y a una pensión, y de igual forma se incrementen los montos de las aportaciones de los trabajadores.

Con que dejaran de robarse el dinero, mucho ayudarían al IPE.

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