Acorralados por el escándalo nacional e internacional que supuso el asesinato de Gibrán Martiz, así como por los señalamientos de su padre en medios de comunicación de la ciudad de México, las autoridades del gobierno de Veracruz tuvieron que aceptar que en el secuestro y homicidio del cantante participaron, de alguna manera que no han explicado satisfactoriamente, miembros de las fuerzas policiales estatales.

El procurador estatal Amadeo Flores Espinosa, pero sobre todo el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, tuvieron que tragar sendos sapos al dar a conocer que hay siete policías estatales detenidos debido a su participación en este hecho delictivo, aunque sólo les imputan los cargos de abuso de autoridad, coacción e incumplimiento de un deber legal, con lo cual no queda clara cuál fue su actuación en estos lamentables sucesos.

Pero sea cual haya sido, es un durísimo golpe a la credibilidad de la nueva policía “científica acreditable” del estado de Veracruz, la “joya” de la política de seguridad pública del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, misma que le presumieron en una ceremonia faraónica hace apenas unos días al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Las únicas “tácticas” que “científicamente” aplicaron las fuerzas policíacas en este caso fueron las de la criminalización contra las víctimas, que desde la semana pasada fueron exhibidas en fotos difundidas por Internet supuestamente portando armas de grueso calibre, con el fin de intentar vincularlas con grupos delincuenciales antes que investigar lo que hasta ese momento era un plagio. Similar estrategia a la que utilizó el gobierno estatal para “explicar” los asesinatos de periodistas veracruzanos en el aciago año de 2011.

Es evidente el fracaso de las políticas de seguridad pública e impartición de justicia en el estado. A pesar de los millones que se invierten en la capacitación de los policías que se egresan de la academia de El Lencero, no han demostrado ser mejores que aquellos dados de baja al inicio del sexenio por sus vínculos con el crimen organizado. Y de la actuación de ministerios públicos y jueces ni hablar, es un cochinero atroz.

Si se ha bajado la intensidad a los enfrentamientos y a la inseguridad (que no desaparecido) es gracias a que prácticamente en su totalidad se entregó la responsabilidad a las fuerzas castrenses, que de vez en vez, siguen deteniendo policías por estar coludidos con los delincuentes.

Es urgente una evaluación real, sin ataduras ni ambigüedades, de los resultados de la política que en materia de seguridad se aplica en el estado de Veracruz, así como de la conveniencia de que su actual titular siga al frente de ésta, más allá de la amistad que lo une con el jefe del Ejecutivo.

Aunque conociendo cómo reaccionan en ese círculo, lo anterior es más que improbable.

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