El centralismo al que alude el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, doctor José Lorenzo Álvarez Montero, no abarca sólo el constitucionalismo federalista, sino que está siendo visible en muchos aspectos de la vida nacional, donde es claro que se está dando una concentración de poder cuyos resultados no serán nada buenos para la democracia, las libertades y la estructura jerárquica del orden normativo.
O dígame usted cómo se le puede llamar al hecho de que unas cuantas horas después de que fue aprobada por el Congreso federal la reforma energética, fuese respaldada por la Legislatura de Veracruz, con cero votos en contra, y prácticamente sin discusión alguna, en un alarde de control absoluto y sumisión del Poder Legislativo veracruzano a los dictados de sus contrapartes Ejecutivos federal y local.
Parece que jamás en los tiempos de mayor poder del PRI se había visto algo como lo que se está viviendo actualmente en Veracruz, donde sin siquiera leer el dictamen, según consignaron algunos medios y periodistas independientes, los diputados procedieron a aprobar la reforma porque urgía que el gobernador quedara bien con el presidente.
Aun a despecho de quienes opinen a favor de la reforma constitucional en materia energética, y de que le observen ventajas y les llene de optimismo la promesa de que tanto Pemex como la CFE pasen a ser empresas productivas, al tener autonomía de gestión para que sean más ágiles en su operación; la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo, la fundación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, todo lo cual suena bien, pero materias tan importantes deben ser por lo menos debatidas entre quienes son nuestros representantes populares.
Si no es así, no tienen razón de ser. En esas condiciones, la Legislatura de Veracruz debe desaparecer, no tiene sentido ni objeto su existencia. Para que los diputados se conviertan en una mera ventanilla de trámites, lista para poner el sello y firmar, no es necesario que se gaste tanto dinero en mantenerlos.
El cinismo, la desvergüenza y la güevonería de los diputados veracruzanos, al aprobar lo que se les pone enfrente, sin cuando menos analizarlo, contradice claramente su papel como ejercitantes del sistema de pesos y contrapesos ideado por Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, para que las ramas del poder se limitaran unas a otras, a fin de que ninguna se convirtiera en rama suprema.
Sin cumplir su función esencial, es claro que el Legislativo propicia que el Ejecutivo sea el poder supremo dentro del Estado, lo cual es un error. Los tres deben tener igual categoría, para que no ocurra lo que decía el célebre Montesquieu:
“Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona (...) entonces no hay libertad, porque es de temer que (...) hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.”
“Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.”
En ese sendero al borde del abismo, del que advertía Montesquieu, andamos en México ahora, y el resultado tendrá que ser forzosamente dañino para la sociedad. Esos mismos políticos que carecen de vergüenza y que aplaudían los desmanes de Fidel Herrera Beltrán, exhibido en estos días como uno de los políticos más corruptos del país por la organización Forbes, son los que respaldan y aplauden las acciones del presidente Enrique Peña Nieto, sin meditarlas ni mucho menos cuestionarlas.
En estas condiciones, lo que se está haciendo es construir un gobierno dictatorial, que así como está centralizando numerosas facultades otrora distribuidas en la jerarquía de los estados, seguramente llegará a limitar las libertades, garantías y protestas de los grupos y organizaciones sociales.
Y desgraciadamente son muy pocas voces sensatas las que se oponen, como en el caso el magistrado Álvarez Montero, o el diputado Ricardo Ahued Bardahuil, desgraciadamente solitario en su congruencia.
