Sonaba muy bueno para ser realidad, que los partidos políticos mexicanos de verdad se comprometieran a legislar una reforma política de gran calado que modernice las instituciones de nuestro país.

Lo único de lo que son capaces es de hacer trueques para obtener para sí el mayor beneficio posible, y las menores afectaciones. Lo que necesite la sociedad, es lo de menos para ellos.

Esta reflexión viene a cuento luego de revisar los principales puntos del dictamen de reforma política aprobado en comisiones del Senado de la República. Al final, se impone la lógica de la partidocracia por encima de la de los ciudadanos, que seguiremos siendo sus rehenes.

Por ejemplo, se introduce en la reforma la reelección de legisladores federales y locales, así como de ediles, pero se establece un candado insalvable: para aspirar a repetir en el cargo, lo deberán hacer postulados por el mismo partido que los llevó a éste la primera ocasión. No sólo no se atempera la preeminencia partidista, sino que se profundiza.

Además, aun cuando se reconoce la figura de la candidatura ciudadana, se establecen una serie de escollos en el dictamen que harán casi imposible la competencia con los partidos políticos en condiciones equitativas.

Cada partido cuidó sus parcelas de poder, principalmente el PRI, que a cambio de aceptar la reelección, sacó del dictamen el tema de la segunda vuelta electoral, pues evidentemente sería el principal afectado con esta figura. Y a pesar de que consintió apoyar la creación del Instituto Nacional de Elecciones, lo hizo con la condición de que no desaparezcan los institutos electorales de los estados, lo que representa un triunfo para los gobernadores, que seguirán “metiendo mano” en los comicios locales.

Es de admitirse que hay cuestiones interesantes en lo que se propone, como la figura del gobierno de coalición y la autonomía de la instancia que supliría a la PGR. Y también otras reprobables, como que no se haya incluido la regulación de la publicidad oficial en los medios de comunicación, privilegiando la discrecionalidad, los cochupos y la opacidad.

La salida “temporal” del PRD del Pacto por México detuvo momentáneamente la aprobación de esta reforma, que a pesar de ser fundamental, no es la que más le interesa a los partidos y al gobierno de Enrique Peña Nieto. El valor que le han dado es el de mera moneda de cambio para negociar los términos de la reforma energética. Por eso es que se trata de una enmienda tramposa.

Por lo demás, de aprobarse en sus términos lo planteado en el dictamen del Senado, entrará en vigor hasta las elecciones de 2018. Así que no hay de qué emocionarse. Habrá que esperar sentados a que algún día haya un sistema político-electoral moderno en México.

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