Xalapa, Ver.- A pesar de que el Gobierno de Veracruz solventó la mayoría de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2023, la administración de Cuitláhuac García Jiménez quedó exhibida por pagos a personas que solicitaron permisos sin goce de sueldo, corrupción en la entrega de contratos y hasta empresas fantasmas.

En la tercera entrega de la fiscalización superior al gasto federalizado, se publicó la Auditoría 2055 de Cumplimiento: 2023-A-30000-19-2055-2024 a Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF), a los recursos transferidos por 54 mil 503 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 43 mil 460 millones de pesos, lo que representó el 79.7 por ciento.

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En el dictamen de la auditoría 2055 elaborado por la ASF, se reportó que existe un monto por aclarar por 848 millones 029 mil 560 pesos, “que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 848,029.6 miles de pesos, el cual representó el 2.0 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.

En total, la auditoría realizada al Gobierno de Veracruz cuenta con 22 acciones, tanto para aclaración, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, pliego de observaciones, recomendación, entre otras.

Servicios personales

El Gobierno del Estado destinó 24 mil 499 millones de pesos para el pago de servicios personales, sin embargo, se encontraron irregularidades en el pago a trabajadores que pidieron licencia sin goce de sueldo o por baja definitiva, que dio un total de 25 millones 94 mil pesos, de los cuales no se proporcionaron ni los comprobantes fiscales digitales, ni tampoco las pólizas, ni la dispersión de nómina, por lo que se refieren a “pagos indebidos”.

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“La Sefiplan efectuó pagos a 786 trabajadores después de su fecha de baja definitiva por 17,361.5 miles de pesos; además, realizó pagos a 50 trabajadores durante el periodo en el que tuvieron licencia sin goce de sueldo por 4,585.1 miles de pesos; asimismo, la SEV efectuó pagos a 88 trabajadores después de su fecha de baja definitiva por 2,804.4 miles de pesos; y a 28 trabajadores durante el periodo en el que tuvieron licencia sin goce de sueldo por 343.4 miles de pesos”, después de esto solo se emitió una solicitud de aclaración por 320 mil pesos de los que aún faltan de entregar la documentación comprobatoria, las demás fueron solventadas.

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios

La administración de García Jiménez destinó un monto de mil 970 millones 551 de pesos, de los cuales falta por aclarar  y de que se proporcione la documentación comprobatoria de 58 millones de pesos entregados al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y la Secretaría de Cultura (antes Instituto Veracruzano de la Cultura), el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver), el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco) y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).

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En este rubro, la ASF encontró diversas anomalía en la entrega de contratos por distintas instituciones que recibieron el recurso federal por parte de Gobierno del Estado, las cuales no proporcionaron el programa anual de adquisiciones, no contaron con los montos máximos y mínimos, no proporcionaron la invitación o solicitud de cotizaciones, no contaron con el acta de presentación de proposiciones, o proporcionaron el dictamen de adjudicación, no proporcionaron el acta de nacimiento de la persona física, por lo que se inició una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Aunque el Gobierno del Estado presentó la documentación faltante de algunos contratos, no se subsanaron todos los soportes documentales necesarios, lo que resultó en otra Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

De igual forma, la ASF emitió otra recomendación al Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), a quien también se le otorgaron recursos federales, esto para que implemente mecanismos que garanticen y privilegien la licitación pública, debido a que el 87.5 por ciento de las adjudicaciones fueron por invitación restringida y el 12.5 de forma directa.

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En la revisión de los contratos denominados "Servicio subrogado de limpieza a oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, hospitales, laboratorio estatal de salud pública, centro estatal de transfusión sanguínea, asilos, hogar del niño, Capasits y centros de salud dependientes de Servicios de Salud de Veracruz" y "Servicio subrogado de lavandería para la red hospitalaria de servicios de salud de Veracruz, el cual comprende el lavado y suministro de ropa, segunda convocatoria" de los Servicios de Salud de Veracruz; "Vehículos terrestres para servicios y operación de programas públicos” de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; "Adquisición de herramientas de medición, mecánicas, eléctricas y de control para las diversas oficinas de la CAEV”;  y "Contratación del servicio de limpieza para el Poder Judicial del estado de Veracruz" del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se identificaron anomalías como vínculos entre socios de las empresas concursante, lo que resultó en la Promoción de Responsabilidad Administrativa.

“Se detectó que se constituyó con un socio en común o representante legal con las empresas concursantes, en un mismo procedimiento de adjudicación y se identificaron vínculos entre socios con alguna otra de las empresas concursantes, por lo que se observó una deficiente revisión de la documentación presentada por los participantes en los procedimientos de adjudicación y contratación, lo cual implicó riesgos de actos u omisiones por parte de personas físicas que actuaron en su nombre o en representación de la persona moral para obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas”, señaló el documento sobre estos contratos entregados y pagados con recursos federales.

La ASF informó que con la revisión de 62 expedientes técnicos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en 46 contratos no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que se observó un monto total de 751 millones 65 mil pesos que no acreditó la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, no proporcionaron la entrada del bien al almacén, no contaron con la evidencia de entregables del servicio contratado por concepto de asesorías, estudios y proyectos, entre otras irregularidades.

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“El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita los faltantes en los distintos expedientes de los contratos”, sin embargo, faltó documentación que acredite el gasto de 748 millones 974 mil pesos por lo que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por ese monto.

Obra pública

La Auditoría Superior de la Federación verificó las contrataciones de obras de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), así como cinco ejecutores que fueron: la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Instituto Tecnológico Superior de Rodríguez Clara, el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVI), el PJEV y los SESVER; sin embargo, en los recursos del PJEV se reportó que la información no es coincidente, generándose una diferencia por aclarar por 15 millones 892.2 miles de pesos, por lo que se emitió una solicitud de aclaración.

Además, en los contratos de Estimación Uno y Estimación Única, no se contó con bitácora ni pruebas de laboratorio, con el dictamen o estimación de volúmenes excedentes, con el acta de entrega-recepción, con el acta de extinción de obligaciones, con el acta finiquito y demás documentación, por lo que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 24 millones 318 mil pesos.

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En cuanto a la inspección física que realizó la ASF el 17 de septiembre de 2024 a una empresa que se le dieron recursos federales, señaló que, “al domicilio declarado por el proveedor adjudicado en el contrato número 004/2023, se observó que el domicilio fiscal declarado, el ubicado en la “calle Minas, número 17, colonia Veracruz Norte, código postal 91018, Municipio de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.” Y el domicilio encontrado en la visita física, no corresponde a la persona moral adjudicada para dicho contrato”.

Después de esto, el Gobierno del Estado de Veracruz en el transcurso de la auditoría proporcionó la documentación que acredita los faltantes de información del contrato 004/2023, tales como, la solicitud de ingreso o refrendo al padrón de proveedores del Poder Judicial del Estado de Veracruz para el ejercicio 2023 y 2024, la constancia de situación fiscal y contrato de adquisición, con lo que se solventa parcialmente lo observado.

Un día después, en la verificación del domicilio indicado por la persona física en el contrato número 007/2023, quien también recibió recursos federales, se observó que el domicilio fiscal declarado, ubicado en la calle Río Nautla, número 37, colonia Cuauhtémoc, en la capital del estado, corresponde a un predio particular, “del cual se pudo constatar que el cuarto, mide aproximadamente cuatro metros por cuatro metros, es decir, se trata de un cuarto adosado al acceso principal de la vivienda de uso particular y no corresponde a una oficina, hechos declarados por la Persona Física, adjudicada para el contrato antes referido”, se instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que audite a la persona física.

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En cuanto a los contratos en materia de adquisiciones, números 005/2023, que tiene por objeto la “Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos”, y el contrato 006/2023, que tiene por objeto la “Adquisición de Material de Limpieza”, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se constató que los domicilios declarados por los proveedores corresponden a oficinas actuales y que corresponden al giro para el cual fueron contratados.