Xalapa, Ver.- La tarde de este 20 de enero, familias de cinco jóvenes víctimas de desaparición forzada en el municipio de Tierra Blanca, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, sostuvieron una reunión con la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. 

En la plática de carácter privada, familiares expusieron la necesidad de que se emita una sentencia, donde se juzga a 20 personas (ocho expolicías y 12 civiles) que permanecen detenidas desde hace siete años por las desapariciones forzadas de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O, de entre 27 y 16 años, siendo Susana la menor.

Mediante un comunicado, el Poder Judicial de Veracruz informó que la presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y las víctimas indirectas lograron encontrar puntos de acuerdo para darle celeridad al proceso penal en contra de los probables responsables. Entre los acuerdos, destaca la realización de mesas de diálogo con los ofendidos una vez al mes, con la intención de informar avances sobre el cauce de sus procesos.

Este diálogo se dio a raíz de una solicitud del padre de uno de las víctimas, José Benítez de la O, quien, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, recriminó la falta de justicia a lo largo de tres gobiernos distintos: Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y, el actual mandatario, Cuitláhuac García Jiménez. 

Benítez de la O, planteó que la interlocución con el Estado y la Federación se perdió en 2019, después de que el gobierno del estado ofreció una disculpa pública a las cinco familias por los hecho ocurridos el 11 de enero de 2016. 

Los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, regresaban del Puerto de Veracruz tras festejar el cumpleaños 27 de Mario Arturo Orozco. En su camino decidieron parar en un puesto de tacos en Tierra Blanca, donde fueron detenidos policías estatales.

Según las investigaciones oficiales, así como la recomendación 5VG/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ocho oficiales bajo el mando de Marcos Conde Hernández, entonces subdelegado regional de la SSP, privaron de la libertad a los jóvenes y los entregaron a sujetos señalados como integrantes de la delincuencia organizada. En el rancho El Limón, en Tlalixcoyan, habrían sido torturados y asesinados. 

En ese rancho fueron identificados los restos de al menos 300 personas, incluido un pedazo de tibia de Bernardo Benítez y sangre de Luis Alfredo González. El exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró que la desaparición de cuerpos ahí fue sistemática durante varios años.

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