Xalapa, Ver.- Desde la creación del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz en 2018, el cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva ha tenido un común denominador: los titulares de ese despacho han sido cercanos a los dos últimos partidos en el gobierno.

El 23 de diciembre de 2021 se nombró en el puesto a Adriana Linares Capitanachi, quien fue presidenta del Congreso local en la pasada legislatura.

A la exdiputada local, primera mujer presidenta con un congreso de mayoría de Morena, le fueron “dispensados” los requisitos de ley para hacerse cargo de una de las áreas más importantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El SEA entró en operación en agosto del 2018, en sólo cuatro años y cinco meses, se han nombrado a cinco secretarios técnicos, todos ligados con el partido en el poder. Pero los encargados de implementar políticas públicas para erradicar la corrupción han sido observados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 

Para el investigador de la Universidad Veracruzana (UV) y especialista en temas de transparencia, Juan Shuster Fonseca, el SEA se asemeja a un elefante blanco que permite pequeños cotos de poder de quién llega a la Secretaría Ejecutiva.

La función del secretario técnico del SEA es, entre otros, realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador, según establece la ley.

Sin embargo, resulta una “labor” difícil o a modo cuando el titular del secretariado técnico es militante del partido a fin al gobierno, opinó el especialista.

Desde el 2018, cuando se creó el SEA, se han dado una serie de cambios en titulares de órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado (FGE), del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), y la Fiscalía Anticorrupción, en la que se dio el nombramiento de personas que se consideran “afines” al gobierno.

La historia de los secretarios técnicos del SEA

En agosto de 2018 se dio la primera sesión del Comité Coordinador, y una de las primeras acciones que realizaron fue nombrar a Martín Quitano como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. 

Martín Quitano se desempeñó como director de la Editora de Gobierno en la administración del panista Miguel Ángel Yunes, además, fue director de la Comisión de Agua de Coatepec y es militante del PRD. Estuvo en el cargo dos meses y medio, pero el 16 de octubre renunció, tras acusar poco margen de maniobra y recursos limitados. 

En ese periodo, la principal queja fue que el SEA quedó al margen del proceso de entrega-recepción del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que terminó su bienio el 30 de noviembre del 2018.

Tras la salida de Martín Quitano, llegó Noé Guadalupe Hernández Martínez como encargado de despacho hasta el nueve de abril del 2019.

En una sesión del comité coordinador renunció y señaló una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, que después fue observado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). 

La queja, en ese momento, eran los altos salarios de altos mandos y que el presupuesto asignado por el Congreso local resultaba insuficiente para costear el gasto anual de nómina del SEA.

Entonces llegó al relevo Marisol de la Merced Jiménez, del nueve de abril al 15 de mayo del 2019, en ese periodo se aprobó la reducción al salario para los altos mandos.

Para el 15 de mayo del 2019 se nombró a Carlos Quiroz Sánchez, académico de la Universidad Veracruzana, identificado con la izquierda, fue consejero de la Junta Local de Veracruz del Instituto Nacional Electoral (INE).

Quiroz Sánchez formaba parte del grupo de izquierda identificado con Daniela Griego, hoy funcionaria del gobierno de Morena y exdiputada local, así como de Octavio Hernández Lara, actual funcionario del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

En el 2014, Carlos Quiroz Sánchez se sumó a la lista de 80 consejeros locales que enviaron un escrito al Instituto Nacional Electoral (INE), para pedir que en Veracruz se eliminaran los requisitos excesivos que se habían impuesto a los aspirantes a candidatos independientes en el código local.

Para el año 2017, cuando aún fungía como consejero electoral, se denunció un posible caso de nepotismo y tráfico de influencias, luego de que fue contratado Carlos Quiroz Yáñez, hijo del exsecretario del SEA, como capacitador electoral en Boca del Río.

En noviembre del 2019, una trabajadora del SEA denunció de acoso sexual a Carlos Quiroz ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, y Trata de Personas, se abrió la investigación 2541/2019.

Fue hasta el seis de diciembre del 2021, cuando se le removió del cargo, sin que se explicara el por qué se le despidió.

Adriana Linares, ¿funcionaria a modo?

El 17 de diciembre, a través de la correspondencia, se dio entrada a un oficio en el que Adriana Paola Linares Capitanachi pidió al Congreso local -con mayoría de Morena- la dispensa de los requisitos para ser secretaria técnica del SEA. 

La ley establece como obligación no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

Sin embargo, ella compitió por Morena como diputada local en 2018, dejó la representación popular el 30 de noviembre del 2021, un mes antes de la solicitud ante diputados locales, por lo que no debía ocupar el cargo. 

La morenista, que estuvo en el último año de ejercicio de la 65 Legislatura, se negó a acatar una serie de amparos que obligaban a restablecer los poderes en Actopan, y a restituir en sus puestos a magistrados locales a los que se les obligó al retiro por cumplir más de 70 años, entre otros.

SEA será desmantelado; Morena lo está desacreditando.  

El académico de la UV, Juan Shuster Fonseca, planteó que ha faltado voluntad política para fortalecer al sistema, y la percepción es que se quiere desmantelar evitando así transparentar el manejo de los recursos, y sancionar la corrupción.

El investigador en Transparencia y Rendición de Cuentas en la Administración Pública Estatal y Municipal comentó que los nombramientos de gente sin perfil tienen como objetivo no hacer el trabajo.

“Este gobierno de la Cuatro T no tiene interés en vigilarles las manos a su gente, para ellos la corrupción existe enfrente o hacia atrás (…) es un absurdo pretender que funcione un sistema que tiene serias dificultades de diseño y luego sin la más mínima voluntad”.

Antes de desmantelarlo lo quieren desacreditar, para así justificar que la propuesta ciudadana que se impulsó desde el 2012, no es viable.

Lo van a dejar ahí, dijo, que se muera de inanición, porque no pueden exigir resultados a un sistema al que ni siquiera le dan los requisitos para operar, y en tanto son un coto de poder de quienes llegan a la secretaría técnica que llegará a gastar el poco presupuesto que les se les asigna. 

Cuáles son las funciones del secretario técnico

Según la ley el secretario técnico será nombrado y removido por el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido. 

El SEA debe establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los Entes Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos

El secretario técnico, junto con el comité de participación ciudadano, debe garantizar los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones.

Que incluye, promover políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 

Establecer la metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Fue el siete de diciembre del 2021, tres años después de que se creó, que se presentaron las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, no obstante, el propio órgano ha sido señalado de acciones al margen a la ley.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha observado daño patrimonial en el manejo de 18 millones 500 mil pesos que les han asignado como presupuesto desde el 2019. 

Orfis observa irregularidades en 2019 y 2020

En el 2019, se prestó atención el manejo de más de 337 mil 522 pesos, a través de la observación FP-065/2019/006 ADM, en ese momento se dejó de pagar seguridad social, y no se pagaron bienes.

Con la observación FP-065/2019/008 DAÑ se detectó que el jefe de Departamento de Servicios Tecnológicos, la encargada del Departamento de Estructuras, Métodos y Mapas de Riesgo y el jefe de la Unidad de Transparencia cobraron más de lo establecido en el tabulador oficial, al igual que otros 18 trabajadores lo que generó un gasto adicional de 483 mil 764 pesos.

La FP-065/2019/010 ADM reporta el cobro de más de 2 millones 228 mil pesos en salarios retroactivos a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

Para el 2019, la revisión al manejo financiero del Sistema Estatal Anticorrupción generó observaciones y denuncias penales por el pago de “nómina” a trabajadores del SEA.

La observación FP-073/2020/003 ADM detalla que el SEA tenía pendiente el pago de 3 millones un mil 581 pesos de ministraciones pendientes de entregar a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La FP-073/2020/004 ADM detectó el cobro de 323 mil 695 pesos de una partida presupuestal distinta a pago de sueldos y salarios, lo que llegó a presentar una denuncia por la que se integró la carpeta de investigación FECCEV/092/2020.

También se observó, con el reporte FP-073/2020/006 ADM, que se tenía pendiente el pago de seguridad social; deudas por adquisición de muebles; impuesto retenido sobre honorarios, así como impuesto sobre la renta que no se había declarado que hasta el 31 de diciembre del 2020 por 334 mil 373 pesos.