Xalapa, Ver.- La designación de titulares en puestos clave como la Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) sigue postergándose por parte del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y ahora se sumarán a su lista de pendientes 6 magistraturas y los responsables de la Comisión para Periodistas.

Apenas el pasado martes 7 de julio en la Gaceta Oficial del Estado se publicó el acuerdo emitido por el Congreso local para declarar 6 vacantes definitivas en el Poder Judicial del Estado.

El punto de acuerdo de la LXV Legislatura exhorta al Ejecutivo a ejercer la facultad de proponer los perfiles para cubrir los espacios en el Poder Judicial de Veracruz, tras la no ratificación de Edel Humberto Álvarez Peña, Fernando Arturo Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, Víctor Manuel César Rincón y el retiro forzoso de dos magistrados más: Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo.

Si bien la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial confieren al Gobernador la facultad de proponer perfiles de magistrados, ambos estatutos no especifican un plazo para el cumplimiento de dicha obligación.

Cabe recordar que en diciembre de 2018, poco después de asumir el cargo, García Jiménez formuló 13 propuestas para igual número de vacantes de magistrados en el Poder Judicial, sin embargo el proceso finalizó en octubre de 2019, con una demora de diez meses e intensos cabildeos con otras fuerzas políticas para definir los perfiles.

Durante el Gobierno anterior, el Ejecutivo Miguel Ángel Yunes Linares no generó la mayoría para designar a los togados, por ello el Poder Judicial tuvo que improvisar con la designación de magistrados suplentes, acción que generó polémica y fue impugnada, pero los reclamos se quedaron en Tribunales.

Además, está por sumarse el caso de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), ya que en diciembre de 2020 finaliza el ejercicio de la Comisionada Presidenta, Ana Laura Pérez Mendoza, del Secretario Ejecutivo Jorge Morales Vázquez y el resto de comisionados.

En este caso el pleno de dicha defensoría también puede aspirar a una reelección por cinco años más.

EN CEAPP HABRÍA VACANTES

En el caso de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el ejercicio de la Presidenta Ana Laura Pérez vence el próximo 18 de diciembre de 2020, tras agotar dos períodos de dos años cada uno.

En ese sentido, corresponde a los propios comisionados elegir a un próximo presidente, aunque el período del pleno concluye el 22 de diciembre de 2020.

El artículo nueve de la ley de la CEAPP deposita en el Congreso el nombramiento del pleno de la CEAPP a partir de las propuestas del Gobernador del Estado e incluye igual la designación del Secretario Ejecutivo.

No obstante, la legislación le concede una oportunidad de reelección a los comisionados Ana Laura Pérez Mendoza, Sayda Chiñas Córdoba, Silverio Quevedo Elox, Luis Romero, Gilberto Haaz Diez y Pedro Alberto Díaz, y del Secretario Ejecutivo Jorge Morales Vázquez.

Mas las críticas por faltas de resultados y las agresiones que siguen registrándose contra comunicadores de en cuanto la atención y protección del gremio podría dificultar la aspiración de los comisionados de una ratificación por parte de los legisladores.

Tan solo de 2018 a 2019, la CEAPP documentó 18 agresiones contra comunicadores y sus familias, es decir tres incidentes más a comparación de 2017.

Lo anterior, además de la omisión de CEAPP de no aplicar medidas cautelares a la periodista María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo y víctima de amenazas por su actividad; ni de dar seguimiento a las agresiones contra la directora editorial de La Opinión, Mirella Ulloa Valencia.

AUSENCIAS EN EL TRIBUNAL

Esta semana en sesión ordinaria, la LXV Legislatura determinó no ratificar a los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña, Fernando Arturo Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Víctor Manuel César Rincón para un siguiente periodo de cinco años; además, avalaron el retiro forzoso de los magistrados Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo.

Lo anterior, en medio de una parálisis en el Poder Judicial del Estado de Veracruz debido a la emergencia sanitaria por la enfermedad del SARS-CoV2, y en donde actualmente operan por medio de guardias pero sin publicar resolutivos de los tribunales.

La inactividad se suma a las ausencias en la Primera Sala en Materia Penal, del magistrado en retiro Marco Antonio Lezama Moo; la tercera sala en Materia Penal, de Gladys Pérez Maldonado; la Octava Sala Familiar, de Roberto Dorantes Romero; y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de Fernando Charleston.

Anteriormente el 10 de octubre de 2019 el Gobernador Cuitláhuac García envió trece propuestas de magistrados: Bertha Inés Chávez Méndez, Claudia Reséndiz Aguilar, Graciela Patricia Berlín Mendoza, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, Florencia Cruz Fernández, Isabel Inés Romero Cruz, Socorro Hernández Cadena, Rosalba Hernández Hernández, Sofía Martínez Huerta, Adolfo Cortés Veneroso, Cándido Nicanor Rivera, Esteban Martínez Vázquez y Sergio Jiménez Maraboto.

Con lo anterior concluyó un proceso pendiente desde diciembre de 2018 con una lista inicial de seis propuestas por parte del Ejecutivo, a la cual después amplió para completar los trece perfiles. Un día después, el 11 de octubre, la LXV Legislatura aprobó en sesión extraordinaria la lista de magistrados con 37 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

La propia Constitución de Veracruz indica en su artículo 59 que los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador; mientras en los recesos del Congreso la Diputación Permanente realizará el nombramiento con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva.

BÚSQUEDA EN CUARENTENA

En el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda esta acumula casi 14 meses sin un titular designado conforme a lo indica la propia Ley en la materia.

Desde que fue creada promulgada en agosto de 2018, la Comisión inició funciones hasta la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez.

El 19 de febrero de 2019, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez designó a Géiser Caso Molinari como titular. En ese entonces, siete colectivos de familiares de búsqueda postularon al abogado Géiser Caso, además, obtuvo el puntaje más alto por encima de los demás aspirantes.

Al perfil de Caso Molinari lo respaldó además su grado en Derecho y dos Maestrías, una en Negocios Internacionales por la Universidad Cristóbal Colón (UCC) y una Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla; además de un Doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, se desempeñó como Visitador Adjunto adscrito al Programa de Desaparecidos de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y como Primer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tres meses después de su nombramiento, Geiser Caso presentó su renuncia debido a un problema de salud, y en su lugar, el Ejecutivo designó a la Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política Brenda Cerón Chagoya, el 14 de mayo de 2019.

Días después de la designación de Brenda Cerón, el propio Gobernador de Veracruz admitió que la nueva encargada de la Comisión de Búsqueda carecía del perfil exigido para el cargo, dado que la recién designada administraba una organizadora de banquetes.

"Sí tiene el perfil, lamentablemente no el perfil que le hiciera competir pero no hubo ni uno porque el Secretario de Gobierno me hizo llegar el resultado del comité técnico y ni uno pasó".

El artículo 31, fracción V y VI de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el estado de Veracruz exige que el o la titular de la Comisión de Búsqueda acredite una actividad profesional, en el servicio público o académica relacionadas con derechos humanos o desaparición de personas, por lo menos dos años antes de su nombramiento.

Además de tener entendimiento de la complejidad de la desaparición de personas y, preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal, búsqueda en vida y experiencia en búsqueda de personas en campo.

El artículo 32 de la citada ley especifica que la Secretaría de Gobierno debe emitir convocatoria abierta para elegir al titular de la CEBV y consultar con los colectivos de víctimas y expertos a modo conformar un órgano técnico de consulta.

Dicho órgano desarrollará el proceso de designación e incluye la revisión de los perfiles y el plan de trabajo de los aspirantes, además de someter a entrevista a los contendientes.

El último paso de la selección de un o una titular de la CEBV prevé la elaboración de un informe por parte del órgano técnico con los resultados de las evaluaciones a los interesados. Dicho informe lo presentará el Secretario de Gobierno al Gobernador del Estado y este a su vez, designará al titular de la Comisión.

De manera inmediata a la renuncia de Caso Molinari y la designación provisional de Brenda Cerón, la Secretaría de Gobierno emitió una segunda convocatoria para elegir un nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Aunque se constituyó un órgano técnico de consulta con dos representantes de la sociedad, dos de la academia, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Segob, al final se declaró vacante el cargo dado que ningún candidato cumplió con el perfil requerido.

De acuerdo con la propia Brenda Cerón, se emitió una nueva convocatoria y esta, al 25 de enero de 2020, continuaba bajo revisión de los colectivos de búsqueda sin un resolutivo al respecto.

Incluso, Cerón Chagoya se 'descartó' de participar en el proceso de selección de un nuevo titular para dicho ente desconcentrado de la Segob.

"Nosotros tenemos un proceso qué cumplir que es el fortalecimiento de la Comisión, en cuanto a ese proceso, yo estoy segura que vamos a finalizar exitosamente la parte que nos propusimos desde un inicio".

El pasado 1 de diciembre de 2018, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró emergencia humanitaria por la desaparición de miles de personas a menos de particulares o forzadas.

Y aunque convocó a las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Naciones Unidas, a participar en un Plan de Emergencia de búsqueda de desaparecidos e identificación de cuerpos localizados en fosas clandestinas, no existe a la fecha un avance de dicha iniciativa.

En ese sentido, la propia Cerón Chagoya admitió que existe un atraso de tres años en la información de personas desaparecidas carga la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que desde 2016 el ente investigador no actualizó dicha plataforma.

Por lo que la servidora afirmó que  sobre el número de desapariciones en el estado. A esta se agrega que la Comisión Legislativa de Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Congreso del Estado, tampoco cuenta con dichos datos.

EL CASO DEL IVM

El 14 de mayo de 2019, la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres Yolanda Olivares renunció al cargo y el cual asumió el 4 de enero de 2018, tras una ausencia de titular de más de un año.

En esa fecha, luego de rendir protesta de ley de parte del Secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, Yolanda Olivares reiteró su militancia indiscutible al Partido Acción Nacional, en ese entonces, partido en el poder.

"Yo soy panista, eso no lo puedo negar, mi posición es eclética, he estudiado en materia de Derechos Humanos, (...) soy una mujer de leyes y sobre eso nos iremos, tenemos que avanzar, estamos para trabajar", enfatizó. 

Con un nuevo gobierno, prevaleció un distanciamiento de la administración postulada por el partido Morena, al grado de que denunció una exclusión de las mesas de coordinación de la paz.

El pasado 11 de marzo, cuestionado sobre el incremento de casos de feminicidios, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, dijo que se estaba “evaluando” el trabajo de Olivares Pérez.

"Vamos a insistir, quien debe estar al pendiente de que estén bien atendidas (las investigaciones) desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres y no lo hacen y si no lo hacen vamos a tomar otras medidas, no queremos pensar que hay complicidad ahí".

Finalmente, el 14 de mayo el Gobierno instaló a la abogada María del Rocío Villafuerte y si bien el Consejo Consultivo y Social emitió una convocatoria abierta en busca de una titular, el Gobierno de Veracruz no la ha publicado.

En ese sentido, la diputada local Monserrat Ortega Ruiz reprochó en tribuna del Congreso la ausencia de un titular designado conforme a proceso, a pesar de que Veracruz enfrenta una violencia de género sin precedentes.

La diputada aseguró que en 2019 Veracruz ocupó el primer lugar en feminicidios con 157 asesinatos. Este año, de enero a marzo, se ubica en segundo lugar en feminicidios con 29 casos, en el delito de extorsión con 84 mujeres víctimas y en el delito de secuestro con 12 víctimas.

"Es urgente contar una directora titular y no encargada de despacho, a quien se le pueda exigir que asuma sus atribuciones legales y se coordine con las instituciones para promover una cultura de igualdad de género y de una vida libre de violencia".

Ante la ausencia de una titular en el IVM, Ortega Ruiz planteó ante el Congreso modificar los plazos de selección de la titular, relativo a los artículos 15 bis y el 15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Ortega Ruiz planteó que el proceso de selección de la directora no demore más de dos meses, desde la publicación de la convocatoria a la entrega de su nombramiento.

Cabe destacar que Veracruz alcanzó durante el mes de mayo el segundo lugar nacional feminicidio, de acuerdo con la actualización en la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este caso, al mes de mayo se reportan 35 carpetas de investigación abiertas; solo abajo del Estado de México, con 47.

Durante 2020, Veracruz registraron 4 denuncias en enero, 12 en febrero, 9 en marzo, 4 en abril y 6 en mayo.

En 2019, de enero a mayo, el Secretariado Ejecutivo reportó 74 denuncias por feminicidio, y por lo tanto en 2020 se observa una reducción a la mitad de los casos.

En este caso, sobresale el nuevo criterio aplicado por la Fiscalía General del Estado al clasificar algunos de estos delitos como "homicidio doloso" de mujeres, medida que fue criticada por grupos feministas de la entidad.