Boca del Río, Ver.- El presidente municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, se niega a cumplir con una sentencia de un juez para reinstalar a 10 personas que fueron despedidas injustificadamente en el año 2014, lo que motivó a los afectados a promover un juicio de amparo cuya resolución está pendiente.

Los exempleados fueron separados de su cargo en el inicio del segundo periodo que el panista Miguel Ángel Yunes Márquez en el 2014; ese mismo año los afectados emprendieron la lucha legal.

Rodolfo Llorente, quien es el representante legal desde entonces, indicó que el litigio se prolongó tres años, pero al final, en el 2017, se consiguió un laudo a favor de los trabajadores que obligaba a cubrir una indemnización por salarios caídos y la reinstalación en sus puestos de trabajo.

El monto global que está obligado el ayuntamiento a pagar es de 10 millones de pesos, monto que se podría considerar como una herencia del anterior gobierno, pero que la administración actual debe cumplir.

Pese a la orden judicial, el presidente municipal, Humberto Alonso Morelli, sucesor de Miguel Ángel Yunes Márquez, se niega a cubrir con lo que establece el mandato del juez, aseveró Rodolfo Llorente.

El representante legal detalló que en Alonso Morelli y su comuna han sido requeridos en cuatro ocasiones a través de los cauces legales para estos casos, en todos no se tuvo respuesta favorable.

Según el abogado, el argumento del gobierno municipal es que no se cuenta con los recursos económicos para cubrir el daño económico causado a los trabajadores, sin embargo, tampoco se ha atendido el tema de la reinstalación en sus puestos de trabajo.

"En cuatro ocasiones hemos acudido a diligencias y reclamaciones de pago y el Ayuntamiento ha hecho caso omiso, el Ayuntamiento se escusa diciendo que no hay dinero, que no hay una partida, cuando lo cierto es que dentro del Fortamun hay una partida especial que lo permitiría".

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El personal despedido

El despido que hizo el entonces presidente municipal, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue justificado como parte de una reingeniería administrativa para ahorrar recursos en la recién iniciada gestión municipal.

Yunes Márquez arribaba a su segundo periodo como alcalde abanderado por el PAN, luego de que el PRI arrebató la alcaldía a su partido con Salvador Mansur Díaz, uno de los políticos ligados al circulo cercano de Javier Duarte y que fue exhibido operando recursos públicos de la federación en favor de su partido.

Los trabajadores despedidos fueron estigmatizados desde el primer momento, ya que se mencionó que era empleados que habían sido contratados en la administración del priista.

Sin embargo, se pudo comprobar que los 10 empleados eran trabajadores de base, con más de siete años de servicio en el gobierno municipal de Boca del Río, incluida la primera gestión de Yunes Márquez.

De acuerdo con la documentación presentada ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo, se pudo constatar que se trataba de empleados con puestos operativos en las áreas de Limpia Pública o auxiliares administrativos, es decir, ninguno era trabajador de confianza, afirmó el abogado Rodolfo Llorente.

Con la resolución del juez, la solución al problema es institucional y es deber del gobierno municipal, sin importar quien lo encabece, dar resolución.

Entre agosto del 2017 y enero del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la destitución de al menos ocho alcaldes o jefes delegacionales y sus cabildos, por el incumplimiento en el pago de laudos laborales en los estados de Tabasco, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

En los dos primeros casos, se instruyó abrir un proceso en contra de los ediles por el delito de inejecución de una sentencia de amparo, previsto en dos fracciones del artículo 107 constitucional.

En el caso de Boca del Río, los trabajadores que no han sido reinstalados e indemnizados como establecen los laudos en su favor, buscarán que se aplique el mismo criterio en contra del alcalde boqueño y su cabildo.

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