Xalapa, Ver. -Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Poder Judicial del Estado carecen de intérpretes al servicio de hablantes de una lengua indígena, evidenció el abogado y director de la Escuela de Lenguas Nacionales, Agustín Carpio Pérez.

Explicó que el estado cuenta con doce intérpretes de lenguas originarias, sin embargo, no forman parte de los entes procuradores y administradores de justicia.

"En el padrón Poder Judicial solo hay cuatro intérpretes que voluntariamente están trabajando, pero no pertenece a la plantilla del Poder Judicial, esto nos hace visualizar la falta de compromiso que se tiene por parte de estas instituciones", dijo.

Señaló que en su caso ofrece la traducción de manera voluntaria, sin tener acceso a un honorario: "No se percibe sueldo o alguna remuneración de las familias porque es gente humilde", explicó.

Criticó el hecho que el Instituto de la Defensoría Pública omita la obligación del Estado de garantizar una defensa adecuada a los indígenas y, por lo tanto, cientos de hablantes permanezcan en prisión por no acceder al debido proceso.

"Yo sólo conozco a un abogado perteneciente al Instituto de la Defensoría Pública y sólo domina el náhuatl de la zona norte de Chicontepec y de ahí en fuera no hay quien hable otras lenguas". 

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Por lo anterior advirtió de una "fuerte" violación a los derechos humanos de los indígenas; aun cuando Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en concentración de población indígena en el país.  

"Hay una violación fuerte a los derechos humanos, al debido proceso, a tener un intérprete y una defensa adecuada, hemos pugnado que se doten de intérpretes porque en algunos años se pensaba que la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas tuviera esa responsabilidad, pero como depende de la SEV y no está normado que tengan la obligación para dotar intérpretes en termas jurídicos no hay avances".

Tan solo el año pasado, se pudo liberar a 35 indígenas sentenciados en procesos en donde no se contó con un intérprete, además que durante 2019 se registraron entre 600 y 700 indígenas en cárceles locales.

 “Al legislador le corresponde adecuar la Ley Orgánica el Poder Judicial, de la Secretaría de Educación, de la Fiscalía General para establecer parámetros mínimos de los intérpretes que se deben tener porque si no queda como una buena intención”.

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