Xalapa, Ver. – De cada 100 pesos que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Estado de Veracruz, sigue pendiente de justificar el manejo de 35 pesos que gastó el panista Miguel Ángel Yunes Linares en su primer año de administración.

Este miércoles 20 de febrero se emitió el Informe General Ejecutivo, que da seguimiento a las observaciones emitidas en el año 2017 y a los dos informes individuales que se presentaron en febrero y octubre del 2018 , en el que se detalla que la nueva administración tiene pendiente de justificar 602.1 millones de pesos.

Las auditorías se enfocaron en el gasto de 80 mil 100 millones de pesos que fueron transferidos por la Federación. De ese total se pidió justificar el manejo de mil 683.8 millones de pesos.

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Fue el recurso destinado al gasto federalizado programable donde se detectaron el mayor número de irregularidades por mil 261 millones de pesos; otros 422.5 millones eran de participaciones federales.

Las observaciones emitidas ubicaron a Veracruz como la sexta entidad con más irregularidades administrativas, cuando en el gobierno de Javier Duarte siempre encabezó la lista de irregularidades financieras.

En el último reporte detalla el uso irregular de fondos como el seguro popular, prospera, FISM, Fortamund o Subsemun. La administración panista no justificó en un primer momento mil 261.3 millones de pesos, después del proceso de solventación, se regresaron a la Tesorería Federal 644.6 millones de pesos, con lo que se dio por justificado el gasto; y quedaron pendiente 602.1 millones de pesos.

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Desde que se emitió el Segundo Informe Individual en octubre del 2018 se mantenía el mismo monto pendiente de solventar, lo que pone de manifiesto que la administración de Yunes Linares no justificó ni un solo peso en los últimos 30 días de su administración.

En el caso de las participaciones federales, el monto observado fue de 422.5 millones de pesos; y no se reporta algún pendiente de justificar.

Las observaciones más recurrentes a las 32 entidades son: recursos no ejercidos; falta de documentación comprobatoria del gasto; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa; retenciones no enteradas a terceros institucionales; pagos improcedentes o en exceso; y pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

En su mensaje el Auditor General, David Rogelio Colmenares, explicó que en el caso de las denuncias penales que deriven de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública del 2017, serán presentadas es en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto, toda vez que actualmente los entes están aclarando las observaciones emitidas.

Es por ello por lo que la institución está llevando a cabo la integración de expedientes, elaboración de dictámenes técnicos y formulación de denuncias, tanto de las referidas a la Cuenta Pública 2017, como sobre asuntos de ejercicios fiscales anteriores.

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