Xalapa, Ver.- La dispensa de ley que el Congreso local aprobó al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de adecuar el presupuesto del año 2019, podrían derivar en el recorte de presupuesto para órganos autónomos como la Fiscalía General, la Universidad Veracruzana y para el Poder Judicial.

En la exposición de motivos de la ley de Egresos que se votó este jueves 27 de diciembre, se establece que se respetará la autonomía financiera del Poder Judicial, la Universidad Veracruzana y la Fiscalía General del Estado.

En cambio, se añade que el monto para los tres órganos autónomos se debe de “calcular al restar el total previsto en la ley de ingreso el monto total que corresponde a municipios, así como el importe a convenios federales y fondos distintos de aportaciones”.

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De acuerdo con la ley aprobada -que será adecuada- al poder Judicial le corresponden 2 mil 584 millones de pesos; a la Universidad Veracruzana 4 mil 107 millones de pesos, además de su subsidio federal; y la Fiscalía General podría recibir hasta 2 mil 5 millones de pesos. El documento aclara que se harán adecuaciones a dichos presupuestos.

Al igual como ocurrió en el 2016, la mayoría de la Cámara local aprobó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez un plazo de tres meses para ajustar el presupuesto de egresos del estado, que incluye el gasto de 128 mil millones de pesos.

La oposición aclaró que la dispensa de ley no es un cheque en blanco al Ejecutivo y pidieron que el ajuste se base en las necesidades y no en caprichos políticos.

Se validó re direccionar el gasto público a la búsqueda de personas desaparecidas; a cubrir adeudos con municipios que fueron heredados por Javier Duarte de Ochoa, y reducir el gasto operativo de las dependencias al bajar los salarios.

García Jiménez consideró prioritario realizar ampliaciones necesarias para hacer frente a las notificaciones de sentencias de controversias constitucionales ganadas por diversos Ayuntamientos, que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a exigir el pago de obligaciones que se retuvieron en 2016, y que no se contemplaron en el proyecto de presupuesto original.

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Su gobierno tendrá que pagar mil 394 millones de pesos a 72 municipios del Estado, luego de que los alcaldes recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reclamar la retención de fondos federales en el año 2016.

Se destaca la urgencia de destinar fondos que permitan hacer frente al Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición Forzada, que tiene como ejes atención a víctimas con perspectiva de género y niñez.

Y se harán cambios a las remuneraciones de los servidores públicos, al entrar en vigor la nueva ley de Remuneración Personal y de Austeridad aprobada este jueves.

La iniciativa establece 74 mil 900 pesos como el tope salarial del gobernador, sin embargo, García Jiménez planteó una reducción del 30 por ciento a sus ingresos, lo que tasaría su salario en poco más de 54 mil pesos, tope máximo para el pago del resto de su gabinete.

Las adecuaciones al gasto del presupuesto tendrán que ser votadas en el pleno del Congreso local en un plazo no mayor a 90 días.

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