El próximo lunes el Gobierno del Estado dará respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para notificar que acepta la recomendación emitida al Ejecutivo, el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, tras el desalojo violento de pensionados y jubilados en diciembre del 2015.

Durante el periodo que resta de la administración se tomarán las medidas administrativas que sean necesarias, adelantó el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, “estamos en el término y la vamos a admitir”.

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El  23 de diciembre del 2015, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) armados con toletes y bastones eléctricos replegaron a un grupo de pensionados y jubilados que exigían a la administración estatal el pago de pensiones y aguinaldos.

Los manifestantes llevaban manifestándose varios días en diferentes dependencias y vialidades de la ciudad de Xalapa, como muchos otros sectores con los que el gobierno duartista mantuvo adeudos que hasta hoy no han sido solventados.

Por ello, la CNDH recomendó al Gobernador del Estado de Veracruz que, en coordinación con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, se repare integralmente el daño y se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 pensionistas y a los dos periodistas que también fueron agredidos; colabore con la CNDH en la queja que presentará ante la Contraloría General de Veracruz para que investigue y determine las responsabilidades administrativas de 12 servidores públicos y demás autoridades que participaron en los hechos.

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Además, deberá garantizar que se impartan al personal de las Secretarías de Gobierno, de Finanzas y de Seguridad Pública cursos de capacitación en materia de derechos humanos.

Al Director General del Instituto de Pensiones de Veracruz se le recomendó tomar medidas para cubrir oportunamente las prestaciones de seguridad social a las personas pensionadas; colaborar con la CNDH en la denuncia que presente ante la Fiscalía General estatal para que investigue y determine las responsabilidades penales de cuatro servidores públicos y demás funcionarios de ese Instituto que participaron en los hechos, y se capacite a los servidores públicos de esa instancia en materia de derechos humanos de las personas mayores.

El Fiscal General de la entidad deberá integrar y determinar el Acta Circunstanciada y la Carpeta de Investigación 2, con el fin de determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados; emitir una circular dirigida al personal de todas las Fiscalías de Veracruz para que colabore con las Comisiones Nacional y Estatal con la información requerida; colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía, por la responsabilidad que por acción u omisión en que pudieron incurrir 6 servidores públicos; y capacitar al personal en materia de derechos humanos de las personas mayores y periodistas.

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