La investigación contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte estaba tan mal integrada, que a la Procuraduría General de la República (PGR) le sorprendió que un juez concediera órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así lo aseguró el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vázquez, quien consideró que la sentencia de 9 años a Duarte evitó que el caso quedara en la impunidad.

En reunión con medios de comunicación, Muñoz Vázquez dijo que el proceso contra Duarte iniciado en 2016 (en la gestión de la procuradora Arely Gómez), relacionado con la compra de tierras a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.

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El subprocurador dijo que al llegar a la PGR en el periodo de Raúl Cervantes, "nos encontramos una carpeta de investigación mal integrada. Lo digo así: mal integrada y en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión, pero bueno, la perfeccionamos".

Aseguró que los errores se corrigieron pero ese no fue el único problema. Muñoz Vázquez dijo que existía una posibilidad real de que Duarte quedara libre y el caso impune porque se abrieron cuentas bancarias sin aprobación de un juez, como era facultad de la PGR hacerlo, pero que tras un criterio de la Corte que se aplica retroactivamente podrían haber sido invalidadas. De hecho en una audiencia en enero pasado el juez responsable, Gerardo Moreno, no validó dichas pruebas.

"Yo puedo estar de acuerdo con estos criterios de la Corte (que se necesita permiso del juez para recabar datos bancarios) pero el problema es que estos criterios nos los han aplicado retroactivamente y nosotros no somos clarividentes, esas facultades sí las teníamos antes (...) pero ahora nos aplican este criterio retroactivamente y nos declaran las pruebas ilícitas y parece que eso es generar impunidad" dijo el funcionario.

Además, Muñoz Vázquez dijo que que desde hace dos años cuenta con una denuncia por posible defraudación fiscal en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, sin embargo, la misma no avanza porque, por ley, se requiere una denuncia de la Secretaría de Hacienda (SHCP), la que no se ha interpuesto.

Muñoz Vázquez, explicó que dicha denuncia fue presentada por el gobierno de Veracruz, pero por un tema de procedimiento, al tratarse de un delito fiscal, se requiere la querella formal de Hacienda.

ARELY GÓMEZ SE DESLINDA

Al respecto, la actual secretaria de la Función Pública y ex titular de la PGR, dijo que por primera ocasión en la historia, la dependencia obtuvo una orden de aprehensión en contra de un gobernador, aún en funciones, por el delito de delincuencia organizada.

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Dijo respetar las decisiones del Poder Judicial, ello en el sentido del criterio de la Corte de declarar inválidas las intervenciones de la PGR a cuentas bancarias sin orden de un juez, pese a que la dependencia tenía esa facultad, y luego aplicar el criterio de manera retroactiva.

"Fue durante mi gestión -la aprehensión de Duarte-, pero ya han pasado dos años...", dijo la secretaria para finalizar.

ACUSAN COHECHO

El pasado lunes la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, argumentando que hubo "discrepancias entre las acusaciones de la investigación" y calificando la pena de 9 años como "desproporcional" para los delitos que se le imputan.

"La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada", se lee en la denuncia penal.

Aunado a la sentencia de 9 años, Javier Duarte de Ochoa aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas. Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar por delitos electorales y desaparición forzada.

Con información de La Silla Rota

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