Xalapa, Ver. El hecho de que el Gobierno del estado calle ante la opacidad con que se manejaron las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no lo exime de su responsabilidad legal, advirtió el académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Leopoldo Alafita Méndez.

En entrevista, consideró que aunque ahora se habla de una deuda del Gobierno del estado con el IPE de 7 mil millones de pesos que presuntamente fueron tomados de la Reserva Técnica, recordó que el ahora director del organismo, Hilario Barcelata Chávez, advirtió que la deuda era de casi el triple de esa cantidad; es decir, de 21 mil millones de pesos.

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Por ello, lamentó que hasta ahora el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares “no le haya entrado de lleno” a resolver el problema de las finanzas del IPE, pues dijo que hay opacidad en cuanto al tema.

“La autoridad no le entra con mucha claridad a este asunto que está opaco y sin resolverse en el sentido de las demandas de los jubilados, como ante la Fiscalía General del Estado. Si ese fondo lo han usado para otras cosas, lo correcto es la exigencia de que se reponga ese dinero”.

El investigador consideró que se debe modificar la administración del IPE que no ha dado buenos resultados, como en el caso de los integrantes del Consejo de Administración, pues cuestionó que hasta ahora se haya permitido su continuidad.

“El diseño del IPE muestra que sí es posible mantenerse en una administración sana para resolver las necesidades de los jubilados, pero lo que se hace evidente es que la mala administración es lo que ha llevado a una situación de crisis. Cómo es posible que se pueda continuar con una administración que ha permitido que se hagan estos desvíos”.

Dijo que por ello no se trata de hacer reformas menores en la legislación del instituto, sino que se requiere un cambio que reestructure el manejo de la mala administración.

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“El Gobierno podrá callarse, quedarse sin un mensaje claro, pero su obligación no se limita”

Alafita Méndez agregó que en la legislación del IPE se debe prever que los jubilados tengan una participación activa en la vigilancia de su manejo, pues son ellos quienes en última instancia enfrentan los problemas de una mala administración.

“La vigilancia de la Reserva Técnica corresponde a los derechohabientes y la ley no le da una posición para hacer una exigencia de la rendición de cuentas con carácter legal. Es absolutamente imprescindible que ellos se han sumamente atentos a esta vigilancia”.

Avc

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