Xalapa, Ver. – Tras 120 días sin respuestas favorables, desde que Miguel Ángel Yunes Linares tomó posesión como gobernador de Veracruz, colectivos de desaparecidos dieron una nueva oportunidad a autoridades estatales y federales. Pidieron que “si quieren recuperar credibilidad”, se investigue a ex servidores públicos involucrados en estos crímenes por obra u omisión, iniciando por Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo Contreras.

El primero de los señalados, fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Javier Duarte, en el cual se interpusieron mil 459 denuncias por desaparición forzada. Actualmente, Bermúdez Zurita permanece recluido en el Penal de Pacho Viejo por delitos del fuero común sin que se le imputen responsabilidades por el agravio considerado de lesa humanidad.

En tanto, Luis Ángel Bravo Contreras fue superior de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) que fueron señalados por extraviar perfiles genéticos de ADN, además de que permitir u omitir exhumaciones ilegales en fosas comunes de panteones municipales. Sin embargo, al ex fiscal se le ha visto caminar en su natal municipio de Córdoba, sin que el peso de la ley le preocupe.

“La actual fiscalía sí puede armar investigaciones por faltas contra Flavino Ríos, (ex gobernador de Veracruz) y ahora contra Mauricio Audirac (ex secretario de Finanzas), pero no investigan delitos de lesa humanidad. Si ellos quieren credibilidad les recomiendo que retomen las evidencias y trabajen”, expresó Lucía de los Ángeles Díaz Henao, líder del colectivo Solecito Veracruz.

Lo anterior fue uno de los puntos medulares firmados en una carta por nueve agrupaciones de desaparecidos; misma que recibieron de mano Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado; Jorge Winckler Ortiz, fiscal general; y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación.

Con el semblante desgastado por tratarse de la cuarta reunión sostenida durante la presente administración -algunos con maletas de viaje provenientes de diferentes regiones de Veracruz- se les observó a familiares de desaparecidos, todos con la necesidad de ser correspondidos con respuestas y acciones que el ejecutivo estatal y su gente cercana prometió en campaña política.

“Vivimos en un afán incansable, en una carrera que no termina, pero no la vamos a dejar porque son nuestros hijos y los amamos. Desafortunadamente nos vamos siempre con las manos vacías, pero hoy nueve colectivos coincidimos en exigencias y veremos si los gobiernos reaccionan”, abundó Díaz Henao.

Ya instalados en una sala de la Fiscalía, los activistas se organizaron para dar lectura a una misiva, en la cual resumieron diligencias inconclusas que involucran al gobierno de Veracruz, a la FGE y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Gobierno del Estado de Veracruz

Las madres y los padres exigieron a Miguel Ángel Yunes Linares la realización de un plan de exhumaciones e identificación de restos localizados en fosas clandestinas, que tan solo entre los predios de Colinas de Santa Fe, en Veracruz y Arbolillo, en Alvarado, suman 253 cadáveres.

El gobierno federal, se comprometió a que en 180 días culminarán de integrar los 253 perfiles genéticos para posteriormente confrontarlos con el banco de ADN de la Policía Científica, pues la Fiscalía en días pasados denunció un presunto extravío de muestras genéticas, así como la insolvencia económica para realizar nuevos exámenes.

Otro requerimiento a esta administración fue crear campañas entre la ciudadanía, pues aseguraron que un gran número de víctimas indirectas no han decidido denunciar desapariciones y desapariciones forzadas por temor o desconfianza a las autoridades locales. 

Un señalamiento directo a las promesas de campaña que generó Yunes Linares, fue que realizaría una profesionalización de cuerpos policiacos, sin embargo, hasta la fecha tampoco se sabe cuántos elementos fueron dados de baja por no acreditar los exámenes de Control y Confianza.

Fiscalía General del Estado de Veracruz

Los señalamientos hacia Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General fueron concretos: los familiares reprobaron que a tres meses de actividades la estadística de desapariciones, secuestros y trata de personas es incierta, pues si bien, se creó el Registro Público de Personas Desaparecidas (REPUPEDES), el sitio en internet es inaccesible en diferentes servidores de cómputo.

“Demandamos la asignación de más elementos de la policía ministerial para el trabajo de campo, pues los que hay se ven rebasados por el número de investigaciones en las diversas regiones del estado de Veracruz. Deben también renovar personal, como lo prometieron”, dieron lectura los familiares.

Los activistas, también solicitaron que se inicien investigaciones, “contra personal de la FGE que ha sido señalado por participar en actos de corrupción, encubrimiento a perpetradores y colusión con el crimen organizado”.

“Deben ser investigados y castigados los altos mandos de la SSP, incluido el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez. Demandamos que las investigaciones se extiendan hacia los mandos y exfuncionarios de la FGE y del gobierno del estado de Veracruz, particularmente de las dos últimas administraciones”, fue la petición a Jorge Winckler Ortiz.

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

En tanto, a Jaime Rochin del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pidieron la cobertura en salud, patrimonio, seguridad y educación, a familiares de víctimas que no cuentan con denuncia ante instancias federales como lo son la Procuraduría General de la República (PGR) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Un gran número de víctimas con denuncia local no tienen acceso a las medidas correspondientes, no cuentan si quiera con la asistencia psicosocial, o jurídica necesaria”, enfatizaron las madres a Rochin del Rincón, ratificado por el Senado de la República como titular de la CEAV el 14 de marzo de 2017.

Finalmente, las familias pidieron atención a los casos de desplazamiento forzado, a causa de violencia. Aseguraron que la mayoría de los afectados son mujeres; madres, esposas, hijas que cumplen años siguiendo la pista de los suyos en los cementerios clandestinos que proliferan en Veracruz.  

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