Xalapa, Ver- En Veracruz existe una cadena de impunidad en la estructura del sistema judicial y de procuración de justicia, donde se estima que de los delitos denunciados apenas el 1 % recibe castigo.

El académico de la Universidad Veracruzana,  Víctor Andrade,  señaló en su ponencia “   Acceso a la justicia y obstáculos para la reforma del sistema penal en Veracruz”, que existe una impunidad estructural vinculada a la dependencia del poder legislativo y judicial del gobierno estatal, como ejemplo señaló el gran número de magistrados que han sido nombrados por el mandatario estatal, y que sin carrera judicial solo por vínculos políticos llegan al puesto.

En el marco del coloquio “Veracruz, crisis y alternancia”, advirtió que lo mismo sucede con la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es a fin al sistema de gobierno.

Al señalar estadísticas penales en Veracruz, dijo que la entidad carece de suficientes magistrados, jueces,  personal de seguridad pública, y agentes del ministerio público, lo que favorecen la impunidad estructural.

El académico dijo que de las 82 mil 587 carpetas de investigación que se inician cada año, apenas 9 mil 032 son procesadas, 3 mil 228 son sentenciadas, y apenas 2 mil 890 son condenadas.

“Es decir en Veracruz  hay 1 % de probabilidad que alguien que comete un delito sea castigado, lo que se engloba en un contexto nacional, donde México es el segundo lugar más impune del mundo, solo por abajo de Filipinas, según el índice global”.

Señaló que al  escasez de personal, y agentes del ministerio, genera una sobre carga, en las agencias del ministerio, otros elementos  es que las personas desconocen la función del ministerio público, y cuando llegan ahí son tratados mal

Aunado a esto, señaló que permea la corrupción como: sobornos, desaparición  de expedientes, autos y sentencias a favor, alteración de pruebas,  mal ejecución  de órdenes de aprehensión.

El investigador afirmó que para que Veracruz avance es necesario contar con leyes de avanzada, con estructuras institucionales eficaces y que  existan las condiciones materiales y educativas entre la sociedad para los usuarios para cubrir los costos del acceso a la justicia.