El Estado Mexicano ante la CIDH, por la detención arbitraria y arraigo de los indígenas nahuas de la sierra de Astacinga, Veracruz, Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López, es una oportunidad histórica para que el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes, ponga en marcha su discurso de respeto a la dignidad humana y cumplimiento a los derechos humanos, en este que es el primer caso de detención arbitraria y arraigo del Estado de Veracruz, que llega a la CIDH.

El 12 de enero de 2006, los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile así como su amigo Gustavo Robles López fueron detenidos arbitrariamente, por elementos de la Policía Federal cuando se encontraban a la orilla de la autopista Orizaba-Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, donde su automóvil había sufrido fallas mecánicas. Los agentes aprehendieron a las víctimas sin que mediara una orden de aprehensión ni informarles de qué delito se les acusaba, los obligaron a pagar su revisión médica y a pesar de encontrarse a solo 13 Kilómetros del Ministerio Público Federal, los policías tardaron 9 horas en presentarlos, y fueron presentados a MP, por la presión que realizo el activista social Jairo Guarneros, a quién testigos de esta detención le informaron de los hechos, lo que impidió que los detenidos no fueran desaparecidos, pero la Procuraduría no le permitió a Jairo ni a los familiares de los detenidos verlos.

A los detenidos no les permitieron llamar a sus familiares, ni a un abogado de su confianza, su casa fue cateada sin orden judicial, y dos día después fueron trasladados a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, del Distrito Federal, donde rindieron declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, sin la asistencia de un abogado de su confianza, ya que se les acusaba  de secuestro, en agravio a un diputado.

Cuatro días después, fueron trasladados a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, donde fueron informados que estaban acusados de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer terrorismo. Ahí les dictaron arraigo por noventa días, mientras continuaban fabricando las pruebas en su contra, entre estas pruebas se encontraban; impresiones de artículos de internet donde relacionan a los hermanos Tzompaxtle Tecpile con el Ejército Popular Revolucionario y la Patria es Primero, notas periodísticas entre ellas de la Prensa (14 de enero de 2006), del Periódico Milenio Veracruz, Xalapa, del 13 de enero de 2006 y el testimonio de testigos protegidos.

La organización Red Solidaria Década contra la Impunidad AC, que encabeza el Obispo José Raúl Vera López, asumió la defensa nacional e internacional, una integrante de esta organización recibió amenazas por vía telefónica,  "escucha perra lo que les pasa a los que defienden guerrilleros" al término de este mensaje le produjeron dos sonidos de cohetes, aproximadamente a los 20 minutos, volvieron a marcarle dejándole el mismo mensaje, por lo que Amnistía Internacional, emite una acción urgente en beneficio de los integrantes de la Red.  

El Equipo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, emitió la Opinión 20/2007, donde insta al gobierno mexicano a adoptar las medidas necesarias para remediar esta detención arbitraria, sin embargo el gobierno mexicano fue omiso ante esta recomendación.

En octubre del año 2008, los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile así como su amigo Gustavo Robles López, salen absueltos del delito de delincuencia organizada (del de secuestro ya estaban absueltos), bajo el recurso de Apelación.

Es el primer caso del Estado de Veracruz que se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso 13.0116 con el Informe de Admisibilidad  67/15.

Los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, siguen exigiendo a nivel nacional e internacional, la eliminación del arraigo y de las detenciones arbitrarias.

Se presenta la oportunidad histórica para que el gobernador electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se manifieste y cumpla sus compromisos con los derechos humanos, en esta región olvidada de Astacinga, Veracruz.