Xalapa, Ver. El Servicio de Administración Tributaria encontró que fueron en realidad 34 empresas “fantasma” las que están implicadas en el caso del presunto desvío de más de 600 millones de pesos en Veracruz.

En un informe liberado hoy por el SAT, se detalla que además fueron presentadas 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República por estos hechos; 31 corresponden a empresas y una a persona física.

El documento sostiene también que de la revisión a las actas constitutivas de las empresas, se encontró que hay 59 socios que participan; en 29 empresas, el representante legal es a su vez uno de los socios; siete representantes legales aparecen como socios entre las empresas.

La mayoría de esas empresas -20- se encuentran en el puerto de Veracruz; hay seis en Boca del Río y cuatro en Xalapa, una más en Córdoba, una en Coatzacoalcos y dos en la Ciudad de México.

Destaca que 15 de esas empresas se dieron de alta en 2012, ocho en 2011 y seis en 2010; tres en 2013, una persona física en 2003 y la otra empresa en 1998.

Participaron 23 fedatarios públicos en la constitución de las empresas; 21 se encuentran asentados en Xalapa, Veracruz y Boca del Río y las dos restantes, en la Ciudad de México.

El Servicio informó también que de manera recurrente, dichas empresas reportan pérdidas fiscales y a excepción de dos, el resto no reporta trabajadores.

Una de ellas, agrega, fue auditada en el ejercicio fiscal de 2013 y se encuentra embargada y en buró de crédito el año pasado.

Se conoció que 30 contribuyentes presentan declaraciones en cero, una se encuentra omisa y tres presentan el pago de obligaciones fiscales.

En los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015, detalla el reporte, una empresa declaró ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos. 

Además 18 empresas declararon ingresos por arriba de los 100 millones de pesos. Asimismo,  13 empresas y una persona física declararon ingresos  por debajo de los 100 millones de pesos en tanto que una más se encuentra omisa en los tres ejercicios.

El SAT señala también que entre 2013 a 2015, 26 empresas expidieron facturas a 11 dependencias estatales.

Entre las acciones que emprendió por estos hechos, además de las denuncias, se ordenó una auditoría a 26 de esas empresas y a tres servidores públicos de la administración estatal, al encontrar discrepancia entre sus ingresos y sus gastos.

A esas mismas 26 empresas, les fueron cancelados los certificados de Sellos Digitales, por lo que no podrán emitir facturas.