Xalapa, Ver. La solicitud de alerta de violencia de género por agravio comparado, que se presentó vía organizaciones civiles ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) tardará el mismo tiempo que la que fue solicitada a la Segob.

En entrevista, la diputada local Ana Cristina Ledezma López explicó que los plazos para este proceso, son los mismos que utiliza la Ley General de Acceso a una vida libre de Violencia.

“Igual se tendría que conformar un grupo de trabajo, se tendría que publicar una convocatoria, emitir las recomendaciones, notificar al ejecutivo y a partir de ahí tendrán que correr los mismos plazos”, señaló.

Ledezma López aseveró que continúan con el análisis del primer informe de labores del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, confrontando las cifras que maneja en relación a violencia contra las mujeres, y a las que presenta el Instituto Veracruzano de las Mujeres a través del banco estatal de datos.

Indicó que es evidente el juego de cifras que maneja tanto el IVM como el fiscal general; mientras inicialmente el Instituto dijo que no había feminicidios, Bravo Contreras dio una posterior, pero en el informe, aparece un número distinto.

“No coincide nada. No coincide la información que tiene el banco estatal de datos que es lo que maneja el Instituto Veracruzano de las Mujeres, no coincide el informe que nos presenta el fiscal general, tampoco coincide con las cifras que están manejando los colectivos”, agregó.

La legisladora insistió que el estudio confronta también las cifras que manejan las organizaciones y recordó que el 16 de junio se vence el plazo para que el gobernador haya cumplido las 15 recomendaciones que emitió el Conavim.

“De entrada el IVM dice en el 2015 yo puse cero feminicidios porque el fiscal no me mandó nada, y el fiscal está obligado por ley a entregar información al Instituto Veracruzano de las Mujeres”.

En el informe de trabajo que fue presentado ante la Conavim, indicó, entre 2000 y 2015, hubo más de  mil 215 homicidios dolosos contra mujeres, sin embargo la extinta Procuraduría General de Justicia no estableció siquiera a qué se dedicaban más del 50 por ciento de las asesinadas, por lo que no se puede dar seguimiento a los casos.

Finalmente, señaló que el fiscal tiene obligación de proceder en todos los casos de violación sexual, desapariciones forzadas, no solo en los dos hechos de Veracruz.

“Te aseguro que del 100 por ciento de lo que le llega, resuelve una sola cosa”.