Coatzacoalcos, Ver.- Dos años han transcurrido desde que el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz fue encontrado en una fosa clandestina en la colonia José María Rosado, en el municipio de Las Choapas, al sur de la entidad.

24 meses sin justicia, sin que los probables responsables por lo menos cumplan una sentencia por haber privado de la libertad y la vida a ´Goyo´, reportero del diario Liberal del Sur, Notisur y la Red, los dos últimos, de los principales periódicos de la llamada nota roja en la región.

Carmela Hernández Osorio, viuda del periodista, al igual que su familia, amigos y compañeros, aún pide justicia. “Yo lo único que pido es que ya más que nada llegue la sentencia para que ya se termine porque ya son dos años y esto ha ido muy lento, yo sigo pidiendo justicia más que nada para que ellos paguen por lo que le hicieron”.

La vida de Carmela y la de sus hijos ha sido difícil, pero poco a poco sigue su curso. Incluso, entre sus hijos hay deseos de seguir los pasos de su difunto padre, laborando en los medios de comunicación.

En tanto, las becas, la ayuda psicológica y demás apoyos quedaron en promesas por parte del Gobierno de Veracruz.

Los presuntos responsables, Teresa de Jesús Hernández de la Cruz, José Luis Márquez Hernández, Santos Márquez Hernández, Jesús Antonio Pérez Herrera, Gerardo Pérez Hernández y Juan Manuel Rodríguez Hernández, por su parte, continúan en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “Duport Ostión”.

Ahí viven desde hace dos años, en espera de que el juez Tercero de Primera Instancia, Héctor Espinoza Espino, dicte una sentencia.

La versión de que Teresa de Jesús Hernández pagó 20 mil pesos por el crimen de Goyo se enfila a ser la única, descartando el trabajo periodístico del reportero, en el que daba cuenta de secuestros y toda clase de delitos en Villa Allende.<br />

Todos los amparos que sus abogados han promovido han sido desechados. Los inculpados han alegado tortura y cualquier clase de irregularidades en la detención que realizaron elementos de la Policía Ministerial.

Han logrado retrasar el proceso que por ley no debería tomar más de un año, pues a la fecha el expediente 51/2014 continúa sin una sentencia.

La espera ha sido tan larga que el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ahora Fiscalía General del Estado (FGE), ahora es dirigente estatal de Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de aquel gabinete de seguridad que fue confrontado por reporteros de Coatzacoalcos en la sala de cabildo del ayuntamiento local por la falta de resultados en el supuesto operativo de búsqueda sólo queda Arturo Bermúdez Zurita, aunque el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no dio la cara a la prensa de este puerto.

El entonces secretario de gobierno, Erick Lagos Hernández, es ahora diputado federal por el tricolor y la vocera Gina Domínguez Colio, encabeza la Fundación Cosolio, también ligada al PRI y dirige algunos medios de comunicación. 

Avc