Susana González

Con el desarrollo de las tecnologías de la información han surgido negocios que aprovechan los servicios y los bienes que ofrecen o “comparten” particulares, sin necesidad de hacer grandes inversiones ni contar con instalaciones propias o personal con salarios y prestaciones sociales, pero cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años, como ocurrió con Uber, cuyo valor por 62 mil millones de dólares supera el de la centenaria automotriz General Motors.

El modelo se denomina “economía colaborativa” o “consumo colaborativo” y se ha extendido en todo el mundo, incluido México. Abarca transacciones, bienes o servicios basados aparentemente en el uso compartido, el préstamo, el intercambio o el alquiler entre particulares a través de plataformas o aplicaciones web, sujetas a la evaluación, recomendaciones y confianza de otros usuarios.

Economía colaborativa

Los beneficios van desde poner a disposición activos públicos en desuso como inmuebles y la generación de recursos hasta contribuir al desarrollo de zonas de bajos recursos, señala en un artículo Paloma Alarcón, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El término economía colaborativa o consumo colaborativo fue acuñado desde 1978 por Marcus Felson y Joe L. Spaeth, pero se popularizó a partir de 2007 con un artículo de Ray Algar, un consultor británico en la industria del entretenimiento o del ocio.

A la fecha se aplica a empresas, negocios u operaciones de giros tan distintos como el transporte en taxi, bicicletas o en automóviles compartidos (Blablacar), el alquiler de lugares de estacionamiento, hospedaje para turistas en casas particulares o intercambio de éstas por algún tiempo (Airbnb), la promoción de actividades físicas o contratación de entrenadores personales, actividades turísticas, gastronomía o cursos o asesorías tanto a nivel individual como para pequeñas empresas.

También abarca el intercambio, alquiler o venta de ropa, muebles, libros, videos, computadoras, celulares, juguetes y material deportivo de segunda mano e incluso de apuntes escolares, la contratación de gente para cuidar niños o mascotas, pasear perros o limpiar casas, y hasta información sobre tandas y de personas a las que se les puede pedir prestado en cada comunidad, o bien “para ir a comer a casa de la gente” o “compartir wifi de manera legal”, revela el amplio listado que el blog consumocolaborativo.com difunde desde 2011.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) calculó que el consumo colaborativo generó el año pasado 26 mil millones de dólares en el mundo y dejó beneficios por 3 mil 500 millones, según la revista Forbes. Sólo en Estados Unidos y Canadá, la participación de la economía colaborativa aumentó 25 por ciento, ya que 110 millones de personas participan en ella, según el informe The new rules of the collaborative economy realizado por Crowd Companies.

“Maquila de servicios”

“Compartir en lugar de poseer” y tratos de igual a igual, sin intermediación de empresas o corporaciones, son algunas de las máximas que pregonan.

Sin embargo, la colaboración y el trato de igual a igual es puesta en duda por especialistas, sobre todo porque no existe una legislación específica que establezca responsabilidades, derechos y obligaciones para la protección de consumidores y trabajadores.

José Luis de la Cruz, presidente de Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, consideró que se trata de “una maquila de servicios”, favorecida por el veloz desarrollo de las tecnologías de la información y el rezago legal que existe al respecto, pero que no genera beneficios al país porque no existe inversión productiva.

El esquema representa “un buen negocio para quien lo ideó y lo echó a andar con una mínima inversión, pero para quienes se incorporan a esas empresas pagando una cuota y aportando su patrimonio, como automóviles o casas, sólo representa un beneficio inmediato de ocupación e ingreso que no es viable ni a nivel personal ni para el país en el largo plazo”.

Con esos negocios “desaparece el esquema tradicional donde las empresas aportan los medios de producción y están obligadas a brindar salarios y prestaciones sociales a quienes hacen el trabajo, con evidentes perjuicios actuales y futuros para los derechos laborales y para el país”, advirtió Alejandro Vega, investigador y miembro de la directiva del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.

Con información de La Jornada http://ow.ly/VxCw5