Daniela Barragán

Ciudad de México (SinEmbargo).– Distintos pueblos del país se enfrentan actualmente a la imposición de megaproyectos en sus comunidades. Para María Colín, asesora legal de la organización internacional Greenpeace, la única forma de hacer frente a la devastación ambiental que se vive es generar una mayor cohesión social y movilizaciones conjuntas, ya que en México, la lucha no es sólo contra las empresas sino también contra el Gobierno federal y las administraciones locales.

Tras el fallo a favor de los apicultores mayas de la Península de Yucatán, que suspendió el permiso de Monsanto para la siembra de soya transgénica, la activista comentó en entrevista con SinEmbargo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se muestra como un mecanismo que puede ser utilizado a favor de las comunidades, pero se cuestiona: ¿por qué llegar a esas instancias cuando los daños de Monsanto, la única empresa de semillas transgénicas que tiene permisos comerciales, son tan obvios?

La legista lo define como “la lucha de David contra Goliat”. La pelea entre el gigante contra el pequeño en México tiene, además, tintes de corrupción e impunidad.

“Si las empresas no pueden obtener ganancias y si los gobiernos no pueden avanzar con un megaproyecto por las buenas, recurren a la fragmentación o a recursos legales con los que, a final de cuentas, prosperan sus proyectos en el tiempo, pero con una falta de ética terrible”, dice.

En el caso de los apicultores mayas, lo que prosigue es la realización de una consulta previa, libre e informada, estándares mínimos, que se marcan en el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OMT) vinculada a pueblos indígenas junto al Artículo Segundo constitucional.

Sin embargo, la experiencia es negativa en el tema. Primero, porque como ha pasado con los Yaquis en Sonora y en Juchitán en Oaxaca, la consulta se mira como un mero requisito, un procedimiento que da pie, de nuevo, a que el proyecto continúe.

También señala otro problema esencial.

“En México hay una ignorancia e incluso un desprecio hacia las comunidades indígenas”; las instancias encargadas de realizar la consulta para las comunidades –la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión de Intersecretarial de Bioseguridad– de Yucatán y Campeche, mencionaron que ni siquiera sabían que en esa zona había pueblos indígenas.

“Ahora se debe verificar que las autoridades no den de nueva cuenta los permisos, porque ellos pueden decir que ya consultaron. Esos son los riesgos de abrir una consulta, porque ya hemos visto que para pueblos indígenas tampoco es la panacea”, mencionó.

Esto, continúa, es un hecho de inequidad judicial y legislativa, ya que la autoridad administrativa se encarga de favorecer a las empresas que promueven transgénicos y por el otro, no trabaja en un debate profundo sobre la bioseguridad en México. El fallo de la Corte, si bien admite tiene un aspecto histórico, no se resolvió por cuestiones de biodiversidad aunque se presentaron las pruebas.

La Ley de Bioseguridad parece que se ha convertido en un instrumento para dar permisos. “Monsanto se dice vendedor de semillas, lo cual no es cierto porque recibe permisos, pero no se encarga de garantizar que sus agricultores menonitas respeten las leyes de bioseguridad […] Las opiniones que había emitido la Conabio y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con anterioridad  –y que fueron omitidas por parte de la Semarnat– mencionan que las siembras a nivel experimental y piloto se habían realizado en polígonos no autorizados y en áreas naturales protegidas y que se había encontrado siembra de soya en suelos no autorizados para uso agrícola, lo que quiere decir que se desmontó suelo de uso forestal.

“Esa es la evidencia. Haber violado las condiciones de biosegurdad y haber recibido un permiso a nivel comercial. Había violaciones que fueron documentadas por los propios órganos técnicos. En este escenario encontramos que es un fomento a las empresas trasnacionales, dejando a la gente de lado”, enfatizó.

Para la ambientalista, con base a su experiencia, el escenario futuro no es prometedor, ya que viene la implementación de la Reforma Energética, ligada más a proyectos como los gasoductos y que algunos ya se empiezan a implementar, por lo que la unión de las comunidades frente a las empresas será crucial y eso es lo que sobresale del movimiento de los apicultores, que involucró y unió a grupos de la sociedad civil, de comercio y a comunidades indígenas.

FALTA UN DEBATE A FONDO

–¿Cuál fue el mensaje para Greenpeace tras el fallo a favor de las comunidades mayas?

–Fue una lucha de cuatro años. Esto empezó a finales de 2011 y la presentación del primer amparo que fue en Yucatán, fue a finales de enero de 2012 y siguió toda la batería de amparos, porque el de Campeche se presenta después; el de Quintana Roo se perdió, y en Chiapas también se está litigando. Sin embargo tienen otras características. Lo meritorio de este amparo es que involucra a pueblos indígenas. Como experiencia de este amparo, sale la necesidad de involucrarnos tanto comunidades productoras y exportadores, acompañados de grupos de organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientalistas. Es una combinación de factores y de personas que han llevado a una sentencia que era inevitable que fuera en otro sentido. Haber emitido otro tipo de sentencia habría sido en contra de los precedentes que han ido asentando en torno a pueblos indígenas, pero cabe señalar que los ministros siempre tuvieron la oportunidad de haber entrado al tema de fondo, al debate que era el principio precautorio ligado a la protección y garantía del medio ambiente sano. Todavía la sentencia no es publicada, pero de los puntos que se discutieron fueron el interés legítimo de las comunidades, sí tenían, o sólo interés jurídico, cuando eso ya no se debería discutir, pero el análisis que hace la Corte es en torno a qué es el impacto significativo.

Con toda la evidencia, más allá de las acciones que ya venían denunciando las comunidades, como el incremento en las aplicaciones en avioneta en áreas muy cercanas a donde habitan o donde están las colmenas de los apicultores, hay una serie de elementos en los que se permite saber que hay actos para considerar que estas comunidades están en riesgo y derivado de esto, ya no entra el estudio de si los transgénicos son o no malos. Sin embargo, se hace esa vinculación en al impacto que pudiera tener en las exportaciones y la presencia de polen transgénico en los embarques a la Unión Europea, que de facto pide cero tolerancia a transgénicos. Eso lleva a los ministros de la Segunda Sala a decir que ante estas evidencias considera es necesaria la consulta previa, libre e informada, que son los estándares, al menos los mínimos, que se marcan en el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OMT) vinculada a pueblos indígenas junto al Artículo Segundo constitucional. Esto es lo que lleva la decisión, pero no dejo de recalcar: la Corte tenía la oportunidad de haber entrado al estudio de lo que era el principio precautorio de decir ‘esto no debería estarse dando’. Ahora vamos a seguir viendo que muchos de estos casos que no se terminan de resolver en los juzgados de distrito, terminan siendo atraídos por la Suprema Corte. Sí tiene un aspecto histórico porque además no se habían resuelto las cuestiones de biodiversidad y alimentos genéticamente modificados que sí requiere verlos a la luz de los tratados internacionales y del respeto a los derechos humanos, porque si la discusión se limita a decir, meramente, que es un tema que sólo se debe debatir por los biotecnólogos o por la evidencia científica, entonces se dejan de lado los derechos humanos. Estos casos se tienen que ver a la luz de las reformas de 2011, de respeto a los derechos humanos y esperamos que en un futuro tengan un mayor entendimiento en torno a lo que es el principio precautorio porque hace falta su aplicación y no sólo para el tema de biotecnología, sino que lo vamos a necesitar en cuestiones como fracking, por ejemplo.

–¿Cómo se observa el escenario para las comunidades con la llegada de megaproyectos tomando en cuenta varios procesos de consulta en que los habitantes denuncian las formas en como se realizan?

–La consulta puede ser abordada como un mero procedimiento en el cual la autoridad dice ‘ah, ya le consulté y cumplí con todos los requisitos’. Así la consulta queda como un mero procedimiento, como hemos visto con el pueblo Yaqui y de Juchitán, que justo es el primer ejemplo de una consulta pública después de la Reforma Energética; la llevó a cabo la Secretaría de Energía con todos los vicios que ha implicado. La consulta puede ser un mero procedimiento que marca la ley y que les permite pasar a la etapa de exploración y explotación, o bien la puedes visibilizar  como un mecanismo que se debe realizar con los más altos estándares y en ese sentido, si las comunidades dicen no al proyecto, se debe acatar eso. Pero ahí está el problema, ese es el tema que está ausente. De entrada, porque la consulta debe ser previa. Por ejemplo, en Campeche eran innegables las pruebas de que ahí se sembraba soya transgénica, todo reconocido tanto por las autoridades locales, como por Monsanto. Si ellos dijeran que no quieren ese tipo de tecnología, nos está afectando la decisión; ya pasada la parte de que se consultó, y que ellos dijeron que no, se tiene que respetar y garantizar la decisión de las comunidades. Es el temor que surge en las etapas posteriores, porque se cierra un ciclo en torno a un juicio que casi cumple cuatro años, hay que verificar ahora si la consulta se realiza como debe ser. Hay que observar todo el procedimiento que llevarán a cabo la CDI y la Comisión Intersecretarial, que ni siquiera sabían que ahí había pueblos indígenas. Hay una ignorancia e incluso un desprecio hacia las comunidades indígenas en este país. Esos son los dos puntos de vista de una consulta; que sea un mero procedimiento o que cumpla con los estándares internacionales. También verificar que las autoridades no den de nueva cuenta los permisos, porque insisto, ellos pueden decir que ‘ya consultaron’.

–¿Esto significa que el Gobierno cede sólo cuando ya se ve forzado a hacerlo?

–Sí. No hay una voluntad política para consultar. Ellos hablan de la Ley de bioseguridad en el artículo 33 que tienen que subir la información a una página electrónica. La SCJN debatió ese punto y dijo que subir la consulta pública a través de Internet y que la gente emita en 20 días sus comentarios de manera fundada, motivada y acompañada de evidencia científica y técnica, no cumple con un estándar internacional, por lo tanto tiene que acoplarse a lo que dicen los tratados internacionales y la Constitución. Lo que pasó es que la Ley de Biodiversidad violentaba tanto el marco internacional, como el nacional y se ven orillados a tener que resarcir las violaciones que se violaron desde un principio.

UN GOBIERNO EMPRESARIAL

–Bueno, se logra la consulta, pero hay varios casos en los que los megaproyectos o la siembra se echan a andar. Incluso cuando se está en proceso legal, se sigue con el proyecto a escondidas. ¿Qué es lo que sigue con esto? ¿Un proceso para obtener una reparación del daño?

–Ese es otro tipo de juicio que se tendría que abrir, porque la vía que tenemos es consultar y si las comunidades van por el no en la consulta, eso tiene que ser asentado. Lo que creo es que la Sagarpa y Semarnat van a intentar actuar de la misma manera: ‘ya cumplimos con la consulta, cumplimos el requisito, ahora damos nuevamente el permiso’. Eso es lo que, en un escenario muy poco optimista, creo que las autoridades, dado que son promotoras de la biotecnología, no garantes de estándares de bioseguridad en nuestro país, harán porque es como han actuado. La Ley de Bioseguridad se ha convertido en un instrumento para dar permisos y permisos y la mayor evidencia es que las comunidades en Yucatán piden una zona libre de transgénicos a partir de un amparo que presentaron en 2013 y que la autoridad agrícola les niega, a pesar de que está contemplado en esa ley, en el Artículo 90. Porque dice que no existe la normatividad aplicable. Pero es curioso porque para las empresas sí se ha generado todo el mecanismo para dar permisos, mientras que para las comunidades, cuando piden zona libre en este país, son incapaces de concederla porque dicen que no existen las normas. Bloquean parte de los argumentos que ellos reclaman, más allá de las cuestiones de discriminación. En particular en un hecho de inequidad judicial-legislativa. Porque una autoridad administrativa favorece a las empresas que promueven los transgénicos y por otro, una comunidad que pide una zona libre. No van a permitir que se les escape ni una zona en nuestro país. Es una ambición terrible, en la cual no quieren dejar ir ninguna inversión, porque esa es su pérdida, la financiera. Es la única parte que les importa y afecta.

Monsanto se dice vendedor de semillas, lo cual no es cierto, porque recibe permisos pero no se encarga de garantizar que sus agricultores menonitas garanticen las condiciones de bioseguridad. En este escenario encontramos que es un fomento a las empresas trasnacionales, dejando a la gente de lado. Si la autoridad da de nueva cuenta el permiso hay que empezar un nuevo proceso, presentar un nuevo amparo, dado que no hay condiciones para la siembra y todo lo que se ha evidenciado, y tomar en cuenta lo de zonas libres que no se les ha concedido y que ya hay una vía judicial en ese aspecto. Eso es una posibilidad para el sentir de las comunidades, en que hay un procedimiento de responsabilidad en contra de esta empresa en particular que ya ha causado un daño. Monsanto es la única empresa que tiene un permiso comercial para la siembra de soya en siete estados: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Campeche. Lo que se ve es que las comunidades se tienen que estar desgastando, presentando vías judiciales para poder garantizar sus derechos humanos. Si ellas estuvieran aisladas, sin un grupo o un acompañamiento, la verdad es que no sé qué harían, porque sus denuncias han sido mencionadas desde hace años, como en el caso de los apicultores, que tiene como fortaleza que los comercializadores de miel están muy molestos y los exportadores ni se diga, porque a ellos se les incrementa el costo de tener que mandar a analizar los embarques que mandan a la Unión Europea Esos costos no los absorbe Monsanto. Se tienen que proteger, que instrumentar medidas que te generan un gasto para poderte proteger y garantizar que se envían embarques libres de transgénicos. Ese costo extra no tendría porqué suceder.

–Está el tema del acompañamiento del Gobierno a las empresas, con Monsanto. ¿Desde cuándo viene esta tendencia por apostar más a las empresas?

–Se ha documentado en el caso de la Acción Colectiva de Maíz que se ilustró cómo el debate de la biotecnología se torció. En 1996 hubo una moratoria para la siembra de maíz transgénico y otros, porque la evidencia que había en ese momento denotaba que no había condiciones para abrir esta tecnología. A partir de eso, el Ejecutivo federal decretó una moratoria de facto y dejaron de recibir permisos de cualquier tiempo en el tema de transgénicos. Esa moratoria se da hasta 2005, que viene un cambio de paradigma, que es la Ley de Bioseguridad, la que dio el engranaje para empezar a escalar de siembra experimental, piloto y comercial a las empresas. Todavía peor: les da la carga de la prueba a aquellas personas que sienten que existe una incertidumbre o un temor acerca de los riesgos que conllevan los transgénicos, cuando antes del periodo del 96, eran las empresas las que tenían que aportar la evidencia en torno a que sus organismos genéticamente modificados no implicaban afectaciones. Entonces hay una torcedura en torno a la política de bioseguridad, porque se llega a decir que no son seguros en un centro de origen hasta que no haya la menor evidencia científica y declaramos una moratoria en torno a la siembra. Con la Ley de Bioseguridad lo que ha sucedido es que se han otorgado de manera escalada hasta llegar, en el caso del algodón, por ejemplo, que ya se siembra a nivel comercial sin ningún control y pensando que también hay algodones nativos en el país, es una consideración que no se retoma. En el tema del maíz transgénico, la escala comercial, si no fuera por la acción colectiva, en este momento ya se sembraría en Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Durango, porque son las solicitudes que tienen hechas. Para el caso de las soya ya están sembrando en aquellas comunidades donde no se tramitó ningún amparo como Veracruz y San Luis Potosí. Dijeron incluso, que como no se había emitido una suspensión provisional, podían seguir sembrando. Decían que era legal, pero más bien era inmoral.

¿Para qué escalar y llegar al máximo tribunal del país para que ahí decidan sí se tiene que suspender hasta que no se lleve a cabo una consulta pública? Esto es muestra de cómo la política de bioseguridad en nuestro país se ha ido torciendo, a partir de un marco de bioseguridad que prácticamente, se decanta por promover la biotecnología moderna. Cabe señalar que ni siquiera es para fomentar la biotecnología nacional porque no la hay. Tienen pocos productos (algodón, soya y maíz), ¿porque qué otra cosa ofrecen? Dicen que se resolverá el hambre en el mundo, que van a reducir el uso de agrotóxicos, van a aumentar la producción agrícola, pero las tres son mentira. Estas tres versiones no han sucedido; han aumentado la cantidad de agrotóxicos, pierden el control de las malezas y eso no resolverá el problema del hambre en el mundo, porque es un problema de distribución, no de producción. Los mitos que vende la empresa no existen.

–Desde la visión de Greenpeace, como organización internacional, ¿cómo se le ve a México?

– México no se escapa de lo que se ve en otros campos. Hay corrupción porque las empresas son acompañadas por los gobiernos, se vuelven sus gestores, cuidan sus intereses, las respaldan. Por el otro hay impunidad porque si hay una comunidad que se ve afectada, no solo en el tema de transgénicos, sino de cualquier megaproyecto de alguna industria extractiva, la manera de protegerse no es solamente por la vía judicial, es también con movilizaciones, cohesión social. La devastación ambiental que estamos viviendo en nuestro país está ligada a temas de corrupción y de impunidad. Es una lucha de David contra Goliat, en la cual si las empresas no pueden ganar, y los gobiernos no pueden llevar a cabo un proyecto por las buenas, empiezan  a generar fragmentación, meten recursos legales, de tal manera que sus proyectos puedan seguir prosperando en el tiempo con una falta de ética terrible.

–¿Cómo se ve a la gente? ¿Dispuesta a enfrentar estos procesos que son largos?

–Hay de todo tipo; hay comunidades que si llegan a organizarse, pero deben saber que lo más importante de la lucha es, en muchos de los casos, que se tienen que empezar antes de que lleguen las empresas, porque una vez que entran empiezan las explotaciones y es muy difícil parar, porque se desata toda una estrategia del conflicto para desmotivar, desarticular y dividir a las comunidades. Todo con el objetivo de seguir con sus proyectos. Es importante que las comunidades se mantengan unidas frente a las empresas, porque sino será muy difícil lo que se viene encima, que es la implementación de la Reforma Energética, ligada más a proyectos de gasoductos, que algunos ya se empiezan a implementar, y el escenario todavía puede ser peor por la Ley de Aguas y la Reforma al Campo. Con todas las dificultades, vemos que las vías judiciales aún pueden servir como un mecanismo para los núcleos y las comunidades ejidales y comunales. Son vías que tienen fortaleza y que esperamos que no se vayan desarticulando o volviendo inaplicables a futuro con las modificaciones que se vengan encima. Las autoridades se mantienen distantes en torno a entrar de lleno a los asuntos. Se quedan con el papel de que darán cumplimiento a los estándares internacionales, pero de eso, a abordar el asunto del principio precautorio, cómo nos está afectando… imagínate una sentencia en torno a eso. Eso hubiera sido una sentencia histórica, pero la SCJN se mantuvo al menos en el cumplimiento mínimo, porque los derechos humanos tienen que ser progresistas, así que no podían emitir una sentencia menor a otras anteriores, pero tampoco entraron al fondo del asunto que es lo que esperábamos… siempre hay intereses.

Con información de Sin Embargo http://ow.ly/UO09t