Xalapa, Ver.- Los instrumentos de protección a mujeres, como las leyes y los protocolos en Veracruz, han sido ineficaces para frenar la violencia y los feminicidios, que solo este año suman más de 70 casos en diversas regiones del estado, coincidieron en señalar seis organizaciones civiles, firmantes para solicitar la alerta de violencia de género en el estado.

Las nulas acciones preventivas, y de acceso a la justicia pronta, han provocado la impunidad y enviado un mensaje oscuro: En Veracruz le puedes hacer lo que sea a una mujer, y no pasa nada.

En entrevista, integrantes de las organizaciones, Equifonía AC, Red por los Derechos, Buscando a nuestras hijas; Colectivo Feminista Xochitepetl y Salud y Género, afirmaron que ni siquiera hay datos oficiales de los asesinatos, ni de las sentencias a victimarios, ni voluntad política ni pronunciamientos sobre la grave situación que vive el estado.

Pese a que ya existe la petición de alerta de género ante la Secretaría de Gobernación (Segob), la expectativa es incierta, pues todavía pasarán seis meses para decretar si es viable o no, y mientras tanto, se continúa presentando una violencia generalizada.

“Las autoridades deben estar haciendo lo que por mandato de ley debieran estar haciendo, tomar medidas urgentes y concertadas y no esperar a que las organizaciones civiles pidan una alerta”, consideró Montserrat Díaz del Colectivo Feminista.

Para Estela Casados, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (UV), el gobierno se ha vestido “bien” de un discurso de protección en favor de las mujeres, que en la realidad es inoperante y su incumplimiento revela falta de voluntad política e interés.

“No hay pronunciamiento, porque no hay interés, ni siquiera en la capital del estado ni en la huasteca, hay procedimientos eficiente para espacios públicos donde la seguridad de las veracruzanas este salvaguardada”, dijo.

Impunidad: Colectivo Feminista

Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista, señala que desde 2012 existe un decreto en donde todos los homicidios que se cometan en contra de mujeres deberán iniciarse como feminicidio, y en todo caso descartarse y reclasificar el delito, sin embargo se sabe de algunos casos no se inician como tal, incumpliendo el protocolo.

Rosenda Maldonado, de Xochitepelt, AC en Huayacocotla, afirmó que en 2013, una mujer fue asesinada en Ilamatlán en un campo abierto frente a sus hijos, y el caso no ha sido tomado como feminicidio, a pesar de la insistencia ante el Juez.

Citó otro caso donde tres agresores entraron a una casa para asesinar a la abuela, y su nieto, dejando a una mujer malherida que sobrevivió y pudo identificarlos,

Aunque los sujetos fueron aprehendidos, el juez liberó a dos de ellos, lo cual ocasionó el desplazamiento de la familia de la comunidad por temor a represalias.

“¿Cuántos feminicidios más necesitamos?”: Red por los Derechos Humanos

Alejandra Jiménez, de la Red por los Derechos Humanos en la región del Totonacapan y la Huasteca, alertó que el último mes, al menos cuatro mujeres han sido asesinadas de forma brutal en la zona, sin que a la fecha se conozca o se tenga un indicio de los culpables.

Reiteró que la impunidad prevalece en la mayor parte de los 28 casos que durante 2015 se han registrado en la región, de los cuales solo hay diez investigaciones iniciadas, pero la mayoría estancadas.

“¿Cuántos feminicidios más necesitamos?, Para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se pronuncien porque esta problemática que es urgente?”, cuestionó.

No hay protocolo de investigación: Buscando a Nuestras Hijas

Bárbara Ibarra, de la Organización Buscamos a Nuestras Hijas, señaló que en la capital del estado hay un grave problema de femicidios, y como ejemplo puso la reserva de Molinos de San Roque, donde al menos han sido asesinadas siete jóvenes, entre ellas su hija, Gabriela Benítez.

Afirmó que no existen protocolos de investigación en los casos de feminicidio, y un ejemplo es que a cuatro años de los hechos, la autoridad no ha podido explicar cómo pasaron los hechos ni quiénes son los culpables.

Falta de datos: Centro de Estudios de Género UV

Estela Casados, investigadora y titular del Centro de Estudios de Género de la UV, afirmó que la violencia feminicida ha aumentado de forma dramática, incluso al doble que el año pasado, lo cual es fomentado por la inseguridad, pero también por la impunidad, pues también son pocos los culpables tras las rejas.

Además reiteró que no hay cifras oficiales, a pesar de que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia obliga a la Fiscalía a actualizar un banco de datos.

“Si tuviéramos cifras, esto nos permitiría conocer y visualizar en dónde tenemos focos rojos para prevenir”.

El gobierno debería hacer el trabajo que le corresponde: Salud y Género

Olivia Aguilar, de la Organización Salud y Género, señaló que se deben hacer acciones para abatir la violencia en todos los sectores, por lo que el estado debería estar haciendo su trabajo y lo que le corresponden por Ley.

“No es que se haga algo nuevo, el hilo negro, es hacer en trabajo preventivo, en atención a problemática, y de impartición de justicia, si cada quien está haciendo su trabajo, el mensaje es que la problemática importa, de lo contrario estamos enviando un mensaje equivocado, el gobierno debería hacer su trabajo sin que hayamos solicitado la alerta de género”, consideró.

Urgen medidas de protección

Para Montserrat Díaz, hay impunidad en todos los casos, las cifras revelan que al menos el 17 por ciento de los asesinatos se cometieron a golpes, lo cual indica una violencia previa, que no fue atendida o que la autoridad fue omisa.

A esto se suma, que la impunidad en los casos, envía malas señales y se vea como natural el maltrato a una mujer.

Por lo que consideró necesario implementar medidas inmediatas, para evitar que la violencia siga su incremento.

Alerta de género visibiliza fallas: Equifonía AC

Adriana Fuentes de la Asociación Equifonía, AC, afirmó que el mecanismo de la alerta de género consiste en evidenciar que las autoridades no cumplen con lo mandatado en la Constitución, ni en los tratados internacionales, ni en sus propias leyes.

“Existe una responsabilidad institucionales, y que también significa que las mismas personas que han denunciado, tengan un desgaste físico, emocional, económico, y pregunte: Justicia ¿cuándo?”, dijo.

Y es que citó el ejemplo de madres a quienes por falta de gasolina en los ministerios públicos, las envían a dar los citatorios a victimarios, lo cual las pone en riesgo, o la falta de tinta para imprimir denuncias, o las sentencias de jueces que deja libres a los feminicidas.

“Este mecanismo evidencia cuáles han sido las fallas, y trata de recuperar, que la ley tiene vacíos, que hay falta de infraestructura y de capacitación, que no hay refugios, que son insuficientes las órdenes de protección”, dijo.

Avc