Xalapa, Ver.- (AVC) La Ley de Agua que se discute en la Cámara de Diputados pretende centralizar las decisiones para concesionar  y autorizar grandes obras en beneficio de empresas, no contempla la opinión de las comunidades, y pretende privatizar a los organismos operadores de agua municipales, situación que afectará gravemente a Veracruz por ser una entidad clave en este recurso natural, alertó el investigador e integrante de la Red de Aguas para Todos, Agua para la Vida, Gerardo Alatorre.

Advirtió que las organizaciones integrantes de esta red se preparan jurídicamente para interponer amparos masivos en contra de esta ley en caso de aprobarse, y este 22 de marzo día mundial del agua se planean movilizaciones en todo el país y tomas simbólicas de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua en varios estados, para exigir freno a la ley.

Recordó que la  Ley de Agua nace por un mandato federal en febrero del 2012, donde se reconoce constitucionalmente el derecho humano al agua, y para ello  se tendría que hacer una nueva legislación, señaló que por ello es “paradójico”, que esta nueva propuesta sea todavía más violatoria de los derechos humanos que la antigua Ley de Aguas Nacionales vigente aun.

Lamentó que el gobierno federal haya tomado como pretexto el cambio constitucional del derecho humano agua, para proponer una nueva ley que deja de lado los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Recordó que la  Red de Aguas para Todos, Agua para la Vida, presentó ante el Congreso Federal una ley ciudadana con una visión de comunidades  y protección a cuencas que no tiene que ver con la actual ley, y que tampoco fue tomada en cuenta por los partidos políticos.

“Con esta nueva ley, se abre la puerta para que el agua se use en proyectos de   fracking, de minería y de electricidad,  es una legislación  a modo  de los grandes intereses corporativos”, alertó.

“La propuesta ciudadana es territorios y comunidades, desde las perspectiva que cada cuenca tome decisiones para tener un abasto de agua, suficiente y de buena calidad”.

Advirtió que Veracruz está en la mira de las grandes empresas, por su riqueza en términos de recursos hídrico, lo que convierte a la entidad en un punto vulnerable ante la llegada de empresas que realizarán grandes proyectos.

Para el también integrante de Lavida, asociación de defensa ambiental, el desarrollo desde el gobierno federal consiste en atraer grandes capitales e inversiones, pero a costa de  ecosistemas lastimados.

El académico dijo que si bien la ley no habla de “privatización”, el otorgamiento de contratos a grandes empresas para operar los sistemas de agua y la concesión de obras, significa privatizar la institucionalidad del agua “es un juego de palabras, es un buen público, pero controlado por la iniciativa privada quien pondrá sus reglas sobre el uso del agua”.