Xalapa, Ver.- (AVC) A un año de presentarse ante el Congreso Local una propuesta para reformar el Código Penal del estado, con la intención de sancionar hasta con dos años de cárcel a quien incurra en actos de discriminación, sus postulantes continúan a la espera de una respuesta.

Esto lo dijo Karina Martínez Vega, presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (MIDI) y presidenta de la Red de Padres, quien dijo que la propuesta fue presentada a partir de un caso que atendieron el año pasado, en el que un menor de nivel primaria fue discriminado y se le negó el derecho de acceso a la educación en un plantel.

Dijo que la discriminación es un delito grave, que atenta contra los derechos fundamentales de las personas y que si bien no es exclusiva del ámbito educativo, pues han detectado casos también en lo laboral, esta iniciativa fue presentada a consecuencia de este asunto, en el que un menor se vio privado del derecho a acceder a la educación.

“El año pasado se tuvo una situación de discriminación escolar, se acercaron a la escuela y se hizo una iniciativa para reformar el Código Penal para sancionar hasta con dos años de cárcel y trabajos comunitarios a quienes ejerzan algún tipo de discriminación”, explicó la presidenta de MIDI, quien este jueves llevó a cabo un evento en el auditorio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (Creever) del DIF Estatal.

Dijo que lamentablemente este caso se dio en una escuela primaria, cuyo nombre y ubicación no reveló por respeto a la privacidad del menor que fue víctima de este acto de discriminación, sin embargo insistió en que aún están a la espera de que el Congreso local retome la propuesta que se les envió.

“Este es un primer paso que surge por un caso real y se busca hacer garantizado el acceso a la educación, que es un derecho”, explicó al tiempo que agregó que esta es una situación que no es exclusiva del nivel primaria en la educación o sólo del ámbito escolar, pues incluso han encontrado casos de centros de trabajo, donde no se permite la contratación de personas con alguna discapacidad.

Ante esto dijo que la Red Estatal de Padres de Familia en el Estado, se ha mantenido al pendiente de este tipo de situaciones e incluso presta asesoría para atención a los casos que se presentan.

Agregó que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha estado pendiente de situaciones como estas y ha abierto sus puertas también para prestar la asesoría que se necesite, tanto en el ámbito laboral como en el educativo.