Antes de 24 horas del lanzamiento verbal del protocolo de protección a quienes aspiran a llenar los mil 104 espacios de elección popular en Veracruz, los homicidas no se topan con pared. 

Contra toda lógica, en criminal paradoja, candidatas o candidatos a diputados federales, locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías, se topan con las balas.

El blindaje discursivo no los salva, el chaleco narrativo cosido con el hecho de que los delincuentes se toparán con pared, se deshila a plomo ardiente.

El virtual precandidato del PRI a la alcaldía de La Perla, José Melquiades Vázquez Lucas, fue asesinado la tarde de este 4 de marzo cuando se encontraba frente al palacio municipal de Mariano Escobedo, en las Altas Montañas de Veracruz. 

Melquiades Vázquez es el cuarto político asesinado en lo que va del 2021 en el estado de Veracruz y el número 22 durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Ahí está la numeralia fría, sangrienta, aun cuando los partidos políticos apenas viven sus procesos internos, sin plantar cara a la sociedad, sin salir con el mensaje proselitista a los potenciales electores inscritos en el padrón electoral.

Veracruz es el cuarto más grande del país con 6 millones 54 mil personas y la lista nominal 5 millones 889 mil, aclarando que la lista nominal son los que realmente pueden votar porque fueron los que recogieron su credencial de elector.

El domingo 6 de junio tenemos el deber, aparejado con el derecho de salir a nuestra casilla con la posibilidad, voluntad y libre albedrío de votar por 30 diputados de mayoría relativa y 20 de representación proporcional o plurinominales a la LXVI Legislatura veracruzana, 212 alcaldes y síndicos y 630 regidores, por lo que el total de cargos a competir será de 1,104.

Falta un largo camino por recorrer, veremos, con pasmosa actitud que la violencia se enseñoreará en territorios caciquiles, dominados por grupos de poder fáctico o delincuencial en este Veracruz violento, que rankea entre las entidades donde la violencia política forma parte de la narrativa colectiva.

Seremos testigos de piedra en esta sucesión interminable de amenazas, asesinatos a plena luz del sol, bañados con la impunidad reinante, propiciada por la calentura electoral, donde los puestos de elección popular se cosechan en un barbecho de sangre.

Suman ya cuatro asesinatos de políticos que aspiraban a un cargo de elección popular en las últimas semanas, el estado de Veracruz se inscribió como uno de los estados en donde existe mayor violencia en contra de aspirantes y candidatos a puestos públicos.

El primer domingo de junio se elegirá a 500 diputados federales, también se elegirán 15 gubernaturas, más de mil diputaciones locales, 1,926 presidencias municipales o alcaldías y más de 18 mil espacios de representación municipal.

La violencia política no es una invención sujeta al subjetivismo del análisis, estas cifras las lanzó apenas este jueves en la conferencia mañanera por la secretaria de Seguridad Pública a nivel nacional, Rosa Icela Rodríguez.

A partir de septiembre de 2020, mes en el que arrancó el proceso electoral federal arbitrado por el INE, hasta el mes de febrero, se cometieron en el país 73 delitos contra personas que ejercían sus derechos políticos, que aspiraban a una gubernatura, un escaño, federal o local, una alcaldía, sindicatura o regiduría, de esa cifra 64 hechos delictivos se encuadraron en el la clasificación judicial de homicidio.

Debido a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan para la protección de los candidatas y candidatos.

Al momento de lanzar este blindaje, aun no estaba contabilizado en la estadística José Melquiades Vázquez Lucas, aspirante del PRI a la alcaldía de La Perla.

Las balas no se detendrán con saliva.
Los sicarios no se asustarán con discursos.
… de otro costal.

Un tsunami se gesta en Bucareli. La tormenta perfecta se gesta en el altiplano y podría chocar en el Congreso local con el tema del juicio político que se le enderezó a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Sofía Martínez Huerta.
El ramalazo tendría daños colaterales en el poder judicial de Veracruz.

Que la suerte acompañe a la actual magistrada presidenta del TSJ, Isabel Inés Romero Cruz.

@ManoloVictorio.
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