Periodistas y defensores de derechos humanos inician 2021 sin saber con certeza si el mecanismo que les protege cuenta con dinero en este momento. Si bien la Cámara de Diputados aprobó en diciembre las reformas a esta ley y garantizó en un artículo transitorio la asignación del presupuesto correspondiente, la Secretaría de Hacienda es quien tendrá la última palabra al respecto.

Así lo hizo saber en junio 2020 pero a través de otro mensaje. Cuando la comisión de Gobernación inició los trabajos para dictaminar esta iniciativa, la dependencia federal informó por escrito a la bancada de Morena su interés en posponer el tema por razones económicas. El documento, confirmaron fuentes cercanas a integrantes de esta comisión, llegó a destiempo, es decir cuando el dictamen ya había concluido y todavía no se había aprobado la eliminación del fideicomiso correspondiente.

Estas fuentes explicaron a La Silla Rota que la petición de Hacienda fue agregar al dictamen un artículo transitorio para precisar que mientras no hubiera recursos presupuestales, la ley no entraría en vigor. "Paró el tema hasta que no se aprobó la eliminación de los fideicomisos. No es la primera vez que Hacienda emite opiniones a dictámenes con referencia a temas presupuestarios, y sus opiniones siempre llegan por escrito y de manera extemporánea", precisaron.

Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19 en México y Centroamérica, también confirmó el hecho pues ellos participaron con sus opiniones en el tema. "Nos pareció un contrasentido generar una reforma tan ambiciosa sin tener recursos financieros para implementarse que son para pagar los recursos de protección. El freno más fuerte vino por Hacienda que emitió una opinión negativa del dictamen antes de la eliminación de los fideicomisos; eso bajó mucho los ánimos porque demostró la falta de voluntad real del poder Ejecutivo porque la ley podría ser envidiable a nivel regional o mundial, pero sin presupuesto es básicamente letra muerta; reformas cosméticas que se van a caer durante su implementación", afirmó.

Aunque el dictamen fue aprobado en el pleno lleva consigo la sombra de cómo costear su aplicación en 2021, puntualizó, porque, aunque el dinero fue etiquetado no hay certeza de su aplicación frente a la duda de que Gobernación redirecciones 230 mdp a otros proyectos "¿Cómo vamos a garantizarlo? ¿Cómo garantizaremos que durante este año fiscal ese dinero no termine en otras partidas para tapar otros agujeros presupuestales? Esa es nuestra gran ocupación".

CONTEXTO ADVERSO EN SENADO Y SEGOB

Rocío Barrera, diputada federal y presidenta de la comisión de Gobernación explicó a La Silla Rota que esa partida presupuestal no puede ser gastada de otra manera. Y confió en que la minuta aprobada sea prioridad en el Senado. "Es un sector al que le debemos muchas cosas por eso se debe revisar su andamiaje jurídico, México es el número uno en fallecimientos de periodistas", precisó la morenista.

"Este es un año complejo en lo electoral; entendemos que el Senado tiene muchas minutas enviadas a las que no ha dado salida. Siempre he dicho en broma -aunque puede ser de mal gusto- que ellos no tienen prisa porque su cargo es de 6 años, pero nosotros vamos a contrarreloj en tres. Tenemos facultades y obligaciones legales, pero esta ley no es un trabajo improvisado".

Pero el escenario no es optimista sino incierto. En el senado el presidente de la comisión de Gobernación era Cristóbal Arias, quien pidió licencia para contender por la gubernatura de Michoacán. En su lugar quedó la ex presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández. Por otro lado, la también morenista Nestora Salgado se sumó a los trabajos y sostuvo reuniones con diversas organizaciones, entre ellas Artículo 19; sin embargo, su enfermedad por covid frenó también el tema.

Por si eso fuera poco en la Secretaría de Gobernación el titular del Mecanismo de Protección, Aaron Mastache, fue enviado a la Comisión Nacional del Agua; su lugar fue ocupado de manera provisional por Enrique Irazoque, defensor de derechos humanos y cercano a Karla Quintana -titular de la Comisión Nacional de Búsqueda- quien también podría dejar su cargo en caso de ser seleccionada como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Frente a ello, Maldonado advirtió que el gobierno federal no tiene interés en avanzar en el tema. "No siempre hay buena comunicación en ambas cámaras y que Morena tenga la mayoría no es garantía absoluta de nada. El propio senador Monreal presentó una iniciativa de reforma a la ley de protección, con cambios no muy relevantes; eso nos hace pensar que sí puede haber interés en el tema pero si mandan el tema a la congeladora sería una mala noticia, sobre todo después del anuncio del presidente López Obrador para dar asilo político a Julian Assange, porque significa que no hay congruencia en casa respecto al tema de protección a periodistas en México".

¿SANCIONARÍA EL SENADO A GOBERNADORES Y ALCALDES? 

Barrera precisó que la minuta aprobada no pretende enfocarse en lo punitivo, sino en la coordinación. "Lo que pedimos es una coordinación federal, estatal y municipal; porque en muchas ocasiones periodistas y defensores salen de sus entidades por estar en peligro y eso significa un desplazamiento forzado".

Durante los parlamentos abiertos que se realizaron, dijo, las autoridades locales y estatales que participaron no manifestaron reticencias; y destacó que los más participativos fueron autoridades de la CDMX "porque su mecanismo es uno de los que funciona de la mejor manera", precisó.

Artículo 19 no coincidió con este ángulo. "Hay entidades en que los mecanismos están comprados, coptados, se utilizan para poner a personas ad hoc a los gobiernos en turno; y más o menos se coordinan con los mecanismos a nivel federal. Así que funciona más como un mecanismo nacional", señaló Leopoldo Maldonado.

"En estados y municipios hay casos preocupantes. La mayor parte de las agresiones a periodistas son cometidas por funcionarios de nivel estatal y municipal; y ahí habría que desactivar las probables relaciones de complicidad que bloquean a la protección local, porque hay demasiada virulencia y animadversión hacia la prensa", describió.

"El hecho de que el presidente hable mal de los periodistas, descalifique y estigmatice, es una cosa. Pero a nivel estatal los funcionarios públicos hacen lo mismo y además, amenazan, atacan, mandan a detener, acosan judicialmente y en algunos casos se ha mostrado vínculos entre funcionarios públicos, policías y fuerzas criminales que asesinan a periodistas". Y ejemplificó con los casos de Miroslava Breach en Chihuahua con la detención del alcalde Hugo Shultz; y Moisés Sánchez Cerezo en Veracruz, asesinado y desaparecido hace 6 años y cuyo presidente municipal de Medellín de Bravo está prófugo de la justicia.

Con información de La Silla Rota