La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación contra la policía de Tatatila, municipio con apenas una decena de elementos. La celebración en honor a Santa Cecilia -en noviembre del 2018- terminó con cuatro ciudadanos lesionados por el exceso en el uso de la fuerza de parte de los encargados de cuidar a la población.

Según el expediente 159/2020, emitido el pasado 03 de octubre, exhibe las acciones en la que incurrió la autoridad municipal y que implican una violación a la libertad de expresión de los ciudadanos agredidos.

Según datos de la nómina del municipio administrado por la panista María Angelica Vázquez Casas, la demarcación con poco más de 5 mil habitantes, tiene 10 policías y dos comandantes. 

Los datos narrados por cuatro víctimas, lo mismo que por testigos de los hechos que participaban en la celebración, los elementos intimidaron a los pobladores con sus armas a cargo, además, usaron gas lacrimógeno contra quienes grababan sus acciones.

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A pesar de que las personas se resguardaron en domicilios particulares, los policías locales los sacaron a golpes y los despojaron de sus teléfonos para evitar que se hicieran públicas sus acciones que habían sido grabadas.

“Todo estaba muy tranquilo la gente divirtiéndose sanamente, de igual forma se encontraban en el lugar elementos de la policía municipal de Tatatila Veracruz. De pronto policías municipales se acercaron a mí y quisieron intimidarme con ventaja y haciendo uso de sus armas, yo les dije que, porque la intimidación si no les estaba faltando al respeto y ellos se enojaron”, narró una víctima.

La gente que se percató de lo ocurrido empezó a grabar, por lo que los policías reaccionaron agrediendo a las personas y lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los ciudadanos.

En el informe se detalla que al menos cuatro personas perdieron la vista por algunos momentos dada la cantidad de gas que usaron los elementos que confiscaron algunos teléfonos. La autoridad negó los hechos, pero el síndico Isidro Vázquez Téllez, regresó los equipos, narraron los testigos.

Por lo anterior, el municipio debe pagar una compensación a cuatro víctimas por los daños sufridos en su integridad personal y los gastos médicos que sean consecuencia de la violación a sus derechos.

La autoridad debe iniciar un procedimiento administrativo a efecto de establecer de manera individualizada, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos acreditados en la presente Recomendación.

Tendrá que coadyuvar con la Fiscalía General del Estado para la debida integración de la Carpeta de Investigación que se abrió con motivo de la denuncia interpuesta por las víctimas.

Y tendrá que capacitar eficientemente a los servidores públicos involucrados en materia de promoción, defensa, garantía y respeto de los derechos humanos, específicamente sobre los derechos a la integridad personal y libertad de expresión.