El mecanismo de seguimiento  a planes, fondos, programas y acciones, #SusanaVigilancia, creado en marzo pasado, se enfocará a la contratación de deuda pública y a los instrumentos crediticios y financieros orientados a atender la emergencia sanitaria por el covid-19 y la recuperación económica.

De acuerdo con Transparencia Mexicana y Tojil, los gobiernos estatales tienen la obligación de publicar en sus micrositios de covid-19 el origen y destino de los recursos que implementan para la reactivación y recuperación económica.

"Una primera revisión de los instrumentos que prevén los gobiernos estatales y la Federación permitió identificar qué estados están haciendo públicos cada uno de estos instrumentos. Todo instrumento adquirido para financiar la recuperación económica, incluida la deuda pública, debe ser transparente, tanto en el proceso de aprobación, su negociación con las instituciones crediticias y también en la ejecución de los recursos".

Según las organizaciones, la información que proporcionan las entidades en muchos de los casos es deficiente, confusa o incompleta. Por ello, insistieron en que la opacidad en las adquisiciones y obras vinculadas con la emergencia y sus consecuencias representa un riesgo latente de corrupción: "21 estados del país se mantienen en mayor riesgo de corrupción al no publicar información sobre la forma en que están realizando contrataciones".

¿Cómo van los estados en transparencia? 

No obstante, en términos de deuda pública, solo Jalisco y Guanajuato han publicado información sobre la deuda adquirida para financiar la recuperación económica, la cual es de más de 11 mil 720 millones de pesos. 

Las organizaciones también señalan que solo cuatro gobiernos estatales publican información suficiente para estimar el total de los créditos para empresas, entregados o por entregar. Coahuila informa sobre 800 millones de pesos, Puebla sobre 540 mdp, Sonora por 185 mdp y Zacatecas por 70 mdp. Los créditos de estos cuatro estados suman más de 1500 millones de pesos.

Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz no transparentan en sus micrositios especiales de covid-19 los programas y apoyos anunciados a través de distintos medios de comunicación. Además del buen manejo de los recursos, desconocer el origen, destino y uso de estos programas de apoyo representa un riesgo adicional ante el inicio del periodo electoral 2021.

Sobre contrataciones públicas, Coahuila y Puebla se integraron al grupo de estados que han comenzado a publicar información sobre las contrataciones de bienes y servicios que han realizado los gobiernos en el marco de covid-19. Con ello, sólo 11 estados han empezado a publicar información sobre contrataciones públicas.

Darán seguimiento hasta era postcovid

Transparencia Mexicana y Tojil informaron que darán seguimiento a las acciones presupuestales y financieros de los gobiernos estatales y el Gobierno Federal para la reactivación y recuperación económica.

Pese a que aún todo el país se ubica en semáforo rojo por la contingencia sanitaria, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales de cara a la reactivación y recuperación económica post-covid.

"A diferencia de los recursos presupuestarios, estos instrumentos pueden generar obligaciones que trascienden el ejercicio fiscal 2020. En el caso de la deuda supone obligaciones para más de una generación de mexicanas y mexicanos", se lee en el documento conjunto.

Con información de La Silla Rota