Xalapa, Ver.- La implementación del protocolo internacional de búsqueda de la Cruz Roja Internacional ha retrasado los trabajos de exhumación de restos humanos en la Guapota, predio ubicado en el municipio de Úrsulo Galván.

El 18 de abril del 2019 el entonces Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, convocó a una conferencia de prensa para anunciar la localización de un nuevo cementerio clandestino, en el que se calculaba la existencia de al menos 36 fosas.

En la comunicación con los medios se hizo acompañar de la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna, y aclaró que el número de fosas solo representaba el 10 por ciento del predio que se usó para hacer inhumaciones. Y que su localización se dio como parte de una denuncia de 2014, es decir, les llevó cinco años ubicar el predio.

A poco más de un año de que se comunicó el descubrimiento de la “megafosa”, se han revisado siete espacios de los 72 localizados, no se ha podido determinar el número de cuerpos, ni identificar alguno pues lo recuperado está seccionado.

Corresponde a la Fiscalía General del Estado, de la que es encargada de despacho Verónica Hernández Giadáns, agilizar los trabajos de identificación y determinar el número de personas a las que corresponden los restos.

La fosa, su localización y los trabajos que se han desarrollado para dar con el paradero de personas reportadas como desaparecidas ha estado rodeada de polémica; los protocolos para exhumar e identificar personas debía ser un “ejemplo nacional”, sin embargo, los resultados son lentos.

Lo anterior, porque los colectivos acordaron que la exhumación de una nueva fosa se daría solo después de identificar los restos localizados en un primer espacio, lo que llevó a un periodo de inactividad de seis meses en los trabajos de búsqueda entre las primeras dos.

La historia de la Guapota

El 18 de abril del 2019, la Fiscalía General del Estado informó de la localización de una nueva fosa clandestina en la región centro del Estado, donde identificaron 36 puntos positivos.

En conferencia de prensa en conjunto, el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz y los Comisionados de Búsqueda Karla Quintana Osuna y el estatal, Geiser Manuel Caso Molinari, que renunció semanas después, se informó que el hallazgo se dio como parte de una investigación ministerial por desaparición en el año 2014.

La ubicación se logró luego de que una víctima indirecta notificó de la posibilidad de que el terreno se usaba como fosa clandestina.

Se anunció que una semana después se iniciarían los trabajos de exploración e identificación con los Colectivos de Búsqueda, sin embargo, todo quedó en un simple comunicado a la prensa.

Incluso, se aseguró que el sitio era custodiado por elementos de la Marina y el Ejército Mexicano y que allí trabajaban peritos de la procuraduría en el embalaje de indicios.

“El predio que se ha asegurado hasta este momento dentro de la investigación ministerial está siendo delimitado por nuestros peritos especialistas en trabajos de ingeniería topográfica para efecto de establecer los cuadrantes. El área que se ha trabajado es mínima, está asegurada”, sostuvo Winckler en conferencia de prensa.

Días después E Consulta confirmó que el cementerio clandestino se encontraba a unos seis kilómetros de las Dunas de Chachalacas, una de las zonas turísticas más concurridas en la entidad, y que no existía vigilancia, ni delimitación en el predio en el que después se incrementó el número de fosas clandestinas.

Fue hasta el 04 de julio del 2019, tres meses después, cuando se confirmó la primera exhumación de un cadáver en el predio, la osamenta aun presentaba tejido fibroso, lo que podría facilitar la identificación a través de exámenes de ADN.

El pasado 10 de enero se informó que sumaban ya seis los cuerpos exhumados en el predio de La Guapota, y en los trabajos apoyaban al menos 12 colectivos de búsqueda.

Rosalía Castro Toss, integrante del Colectivo Solecito Veracruz, informó que participan en las diligencias, sin embargo, destacó que desde el pasado mes de febrero se suspendió la exhumación de los cuerpos en la zona con motivo de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Destacó que el predio La Guapota es ejemplo a nivel nacional, pues Veracruz fue la primera entidad en aplicar protocolos internacionales de la Cruz Roja. Que obligan a que en tanto no se identifiquen los restos encontrados no se puede abrir otra fosa.

“De la primera fosa a la segunda pasaron seis meses, de la segunda a la tercera pasaron tres meses: la primera fue la fosa piloto y se permitió a un representante de colectivo en observación. Se hizo un programa de intervención de dos semanas por mes”.

La activista que busca a su hijo, Roberto Carlos Casso Castro, quien desapareció horas antes de la Nochebuena del 2011, recordó que la necesidad les hizo aprender sobre la búsqueda que ellos hacen diariamente en diversos puntos de la entidad.

Por su parte, Anais Palacios, integrante del Comité de Participación Ciudadana de la Comisión de Búsqueda, destacó que el trabajo de recuperación de restos es el mejor que se ha dado en la entidad.

A la fecha no se han logrado identificar los restos que se han logrado extraer, por lo que pidió a Servicios Periciales y a la policía científica a realizar los estudios de ADN.

La ola de desapariciones

El territorio, se presume, estaba en posesión del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En solo 55 días -entre el 26 de noviembre de 2012 y el 19 de enero de 2013- un total de 22 personas fueron desaparecidas o asesinadas en La Antigua y Úrsulo Galván, zona conurbada que se ubica a 40 kilómetros del Puerto de Veracruz.

El 11 de enero de 2013, a las 18:00 horas, ocho policías municipales de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina para no regresar más a sus hogares. Se trata de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil

Los ocho oficiales -media planilla de dicha corporación- se reportaron con sus esposas y uno de ellos con su madre. De acuerdo con la declaración de testigos, todos fueron interceptados por cuatro patrullas estatales en la comunidad de El Arenal mientras compraban esquites y posteriormente fueron desarmados. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.

El 30 de noviembre de 2012 ocho jóvenes fueron desaparecidos en la comunidad de José Cardel, en La Antigua. Las víctimas se encontraban en las inmediaciones de una cancha de fútbol en la colonia Modelo. Testigos asentados en la recomendación 03/2018, responsabilizaron a elementos del Grupo de Coordinación Veracruz Seguro, comandado por el entonces delegado de la SSP Marcos Conde Hernández.