Una semana después de que se hicieran públicos supuestos nexos y protección de integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a un grupo dedicado al robo de hidrocarburo, dos subprocuradores y dos responsables de áreas operativas dimitieron al cargo, al argumentar "motivos personales".

Entre los que presentaron su renuncia está Mario Rico Moreno –hermano del exsubsecretario de Obras Públicas Marco Antonio Rico, señalado por posible conflicto de interés a través de licencias otorgadas a las constructoras de su familia, por parte de la dependencia en la que laboraba–. Él se desempeñaba como subprocurador de Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad.

Igualmente dejó el puesto Julio Trujillo Meneses, quien tenía el mismo rango de Rico, pero estaba a cargo de Procedimientos Penales, región poniente.

La PGJEH confirmó que también renunciaron Eduardo Cabrera Valencia y Arturo Rosales Cruz, que fungían como directores de Justicia Restaurativa y de la Policía Investigadora, respectivamente.

Reforma publicó el 19 de febrero que mandos del Ejército revelaron que la Policía Investigadora de la Procuraduría estaba en la mira de autoridades federales por presunta protección a un grupo criminal que opera el tráfico de combustible; además, afirmó que comandantes ministeriales y hasta un subprocurador eran los principales señalados en las investigaciones que, añadió, realiza la Fiscalía General de la República, que recabó información militar, de la Policía Federal y de detenidos.

"Los pagos llegan directo a un alto jefe de la Policía Investigadora, quien, a su vez, entrega parte del dinero a sus mandos e incluso a un subprocurador", cita la indagatoria, indicó el medio.

Asimismo, agregó que ésta refiere que una vez recibida la ganancia del combustible robado, los funcionarios de la PGJEH y los huachicoleros invierten en la compra de terrenos para construir casas y venderlas; en adquirir lotes de autos para ofrecerlos a precios módicos y lavar dinero ilícito.

"Diversos funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo poseen empresas ligadas a la construcción, principalmente operadas por familiares y testaferros, según las pesquisas"

Tras las renuncias, Raúl Arroyo González, titular de la fiscalía, nombró a una subprocuradora, dos subprocuradores y un director general, a quienes dio posesión este lunes.

Como titular de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales, región poniente, fue nombrada Sissi Anette Rodríguez Fernández, quien el 15 de enero de 2018, como juez del primer circuito judicial, vinculó a proceso por difamación a un ciudadano, Leonardo Vázquez, al argumentar que intentó hacer justicia "por propia mano" cuando declaró a un medio de comunicación que se sentía defraudado por una constructora, Sylma, ligada al exsubsecretario de Obras Públicas Marco Antonio Rico Moreno, debido a los daños que tenía la vivienda que habitaba, y que ese empresa había edificado en el fraccionamiento Esmeralda, en Zempoala. 

Además de Sylma, siete miembros de la familia Rico Moreno son accionistas de diez empresas más: Crimsa, Operadora Brilho, Concretos Doema, Construcciones Rihema, Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, Inmobiliaria Edoma, Aero Servicios Ejecutivos RM, Promotora de Espacios Residenciales de Hidalgo, Operadora de Eventos Nikkia, Constructora Rial del Valle y Veviher.

A cargo de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales región oriente, Raúl Arroyo designó a Víctor Ariel Pérez Benítez; como director general del Centro de Justicia Restaurativa, a José Manning Ramírez; mientras que la subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad –que ocupaba Mario Rico– estará a cargo de Arturo Flores Molina.

Con información de La Silla Rota