El pasado primero de diciembre inició una nueva etapa en la historia de Veracruz. La sociedad y los políticos coincidimos en que el signo del nuevo Veracruz debe ser el respeto al estado de derecho y este comienza, precisamente, por salvaguardar los derechos de quienes menores ingresos tienen, como son los trabajadores.

Como senador de la República y como veracruzano, alzo la voz contra la política laboral emprendida por el nuevo gobierno en contra de cientos  de trabajadores de confianza del Gobierno del Estado.

Sin evaluar capacidades, experiencia y conocimientos se pretende dejar en la calle a trabajadores, que, en su mayoría, tienen muchos años de laborar en la administración pública local.

Estoy completamente de acuerdo a que los aviadores – personas que cobran sin trabajar- no sólo se les debe despedir sino, además, sancionar ejemplarmente, pero en el caso de los verdaderos trabajadores de confianza, se debe respetar su espacio laboral, porque un gobierno que no respeta  los derechos de sus empleados, no respetará las libertades de los ciudadanos, ni los hará respetar ante terceros.

No se debe confundir a la camarilla de ladrones que se enquistaron en los mandos superiores de la administración saliente, con los trabajadores que han servido a varias administraciones y que no tienen responsabilidad en los ilícitos que se cometieron. Los servidores públicos de bajo ingreso recién despedidos no sólo son ajenos a las corruptelas que significaron a la administración Duartista sino que están igual o incluso mayormente agraviados por el gobernador prófugo y su pandilla, porque, además de su molestia como ciudadanos, están lastimados en su prestigio como servidores públicos.

Es dudoso que en cuatro días que lleva la nueva administración, haya podido corroborar la ilicitud de miles de contratos y se pretenda dejar en la calle a los trabajadores de confianza y a las miles de familias que de ellos dependen.

La situación delicada de la economía nacional, ante la incertidumbre internacional y el recorte del gasto, demanda que tengamos más solidaridad con las familias que dependen de nosotros.

El gobierno actual entró con una promesa de generar empleo y en lugar de ello lo está destruyendo.

La política de fomento al empleo en Veracruz tiene que comenzar en su propia casa.

Están documentados los casos de personas que trabajaron durante cuatro o cinco administraciones, incluida la del licenciado Patricio Chirinos, en donde el actual gobernador, además de presidente estatal del PRI, fue secretario general de gobierno. Si bien nunca estuve de acuerdo con que la administración Duartista dejará enquistados a miles de servidores públicos en la nómina del gobierno, con el pretexto del servicio civil de carrera, como lo hizo el gobierno federal panista de Calderón, tampoco estoy de acuerdo en que, por el solo hecho de haber trabajado en la administración anterior sean cortados por la misma tijera con la que la misma sociedad está cortando a la camarilla de bandidos que dejaron a Veracruz en bancarrota. Los cientos de hombres y mujeres despedidos, quienes han invertido su vida entera en servir al Estado, no merecen esta bofetada en el arranque de un gobierno que ofreció ser justo. La justicia no sólo consiste en castigar al corrupto, consiste también en estimular o cuando menos respetar a quien, aunque en un humilde nivel, le sirve desde el gobierno a los veracruzanos.

P.D. A los trabajadores de confianza despedidos les proporcionó mi correo electrónico para que, quienes deseen asesoría jurídica laboral gratuita, me contacten: [email protected]