Mal empezó la “nueva estrategia” del gobierno de Javier Duarte de Ochoa para la “protección” de los periodistas veracruzanos.

Durante la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, elementos de seguridad de palacio de gobierno y burócratas de media tabla intentaron, a jalones y empujones, impedir que varios reporteros presentes se manifestaran en exigencia de justicia por las agresiones sistemáticas que se registran en Veracruz en contra de comunicadores.

Tuvo que ser el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa quien, para evitarse un nuevo escándalo nacional por reprimir periodistas en público, pidiera a sus empleados que permitieran a los reporteros sacar sus pancartas y expresarse “libremente”.

El convenio entre el gobierno veracruzano y el Mecanismo Federal se basa en un diagnóstico elaborado por el segundo sobre la situación de los periodistas en la entidad, en el que se detallan cifras sobre las agresiones y homicidios perpetrados contra trabajadores de la información, las acciones de las autoridades estatales, los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos y un programa de políticas públicas “en favor de las y los periodistas del estado de Veracruz”.

Dicho programa es un compendio de obviedades y lugares comunes. Se propone el respeto a la libertad de expresión, acciones generales para la seguridad de los periodistas, fortalecer y dar seguimiento a las investigaciones ministeriales por agresiones a la libertad de expresión, brindar capacitación y formación en respeto a derechos humanos y a la información a los servidores públicos, fortalecer las capacidades de autoprotección de los trabajadores de los medios y la dignificación de sus condiciones labores difundiendo sus derechos y los mecanismos institucionales que los garantizan.

Como puede observarse, no hay ninguna acción de fondo, y ya no digamos una condena enérgica contra la violencia y hostigamiento hacia los periodistas en la entidad, como pudo constatar que sucede el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Ni siquiera hay un extrañamiento por la anómala situación de ataques a la libertad de expresión que se vive en Veracruz. Solamente generalidades cuya implementación ni siquiera tendría que estar a discusión. Son cuestiones de mero sentido común.

La respuesta a esto la podemos encontrar en el comunicado que el Colectivo Voz Alterna, en el que participan varios periodistas veracruzanos, dio a conocer este mismo martes 3 de noviembre. Ahí se da cuenta de que el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas intentó en dos ocasiones eliminar de los acuerdos a signar con el gobierno estatal la emisión de una alerta institucional de protección a periodistas solicitada por varios comunicadores veracruzanos, al punto que pretendía dejar en un simple “programa de acción” los pasos resultantes de su diagnóstico.

Desgraciadamente no es con tibiezas ni simulaciones como se va a revertir la violencia contra los periodistas en Veracruz que, como se pudo constatar durante la misma firma del convenio, no es fortuita ni casual.

Es el pan de todos los días en este estado.

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