La Procuraduría General de la República (PGR) no ha iniciado una línea de investigación sobre la participación u omisión del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, a pesar de los indicios que vinculan a la milicia en el caso como: el ingreso de un convoy militar a las instalaciones educativas en enero de 2014, las fotografías tomadas por personal castrense a un grupo de estudiantes, así como la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que nueve soldados rindan declaración.

Desde que la PGR atrajo la investigación del Caso Ayotzinapa, la dependencia federal no ha citado a declarar a soldados que puedan aportar información a la investigación y ha negado la participación de personal del Batallón 27 de Infantería radicado en Iguala, Guerrero.

Militares tomaron fotografías

Las fotografías que tomaron elementos el ejército a los normalistas de Ayotzinapa en una clínica de Iguala, Guerrero, ponen en duda la versión de la PGR que asegura que el Batallón 27 de Infantería no salió del cuartel la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que no se enteraron del ataque armado ni del "levantón" que sufrió un grupo de estudiantes a manos de policías municipales.

Dos días después de la publicación de las imágenes en un diario de circulación nacional, la Secretaría de Gobernación informó que no permitiría el ingreso de los padres de los normalistas desparecidos a los cuarteles militares, con lo echó abajo el compromiso que ya había adquirido con los familiares de que se les permitiría el ingreso de “manera ordenada y respetuosa”.

Desde el principio de la investigación, Omar García y David Flores, normalistas que sobrevivieron a la agresión armada, señalaron que esa noche hubo presencia de personal castrense en las calles de Iguala, sin embargo, la PGR descartó las declaraciones y sostuvo que elementos del Batallón 27 de Infantería no salieron de las instalaciones militares.

La evidencia gráfica de la presencia de los soldados en la clínica “Cristina” fue un golpe sólido al expediente de la PGR en el caso Ayotzinapa, que durante meses argumentó que el Ejército no se enteró de los que sucedió en Iguala en las horas que seis personas perdieron la vida, 33 resultaron heridos y 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada.

La confirmación de la presencia de elementos militar la noche de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa obliga a una revisión del expediente y a abrir una línea de investigación hacía la posible participación u omisión del personal castrenses, como lo han solicitado familiares de los normalistas y organizaciones como Amnistía Internacional.

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