Mientras las campañas electorales se desarrollan de manera mediocre en la mayoría de los distritos, con propuestas vagas, intangibles y muchas veces irrealizables, en el mundo real la violencia se dispara.

Tras el atentado y amenazas contra candidatas del Movimiento de Regeneración Nacional en Acayucan y Orizaba, en Pánuco el abanderado panista Iván Villegas suspendió su campaña unos días ante la ola de inseguridad que se extiende a ese distrito del norte de Veracruz desde el vecino estado de Tamaulipas.

En ese mismo sentido, y luego de años de soslayar la situación, el gobierno estatal intervino en el municipio de Coatepec, desmanteló a la policía municipal e instaló el Mando Único de fuerzas estatales y federales para resguardar esa región, asolada por la delincuencia desde hace mucho tiempo, a unos cuantos minutos de Xalapa, la capital de la entidad.

La frágil estabilidad del gobierno estatal, quebrado, desprestigiado y sin rumbo, hace mella en todas las demás estructuras y permite la proliferación de la delincuencia, común, organizada y desde las esferas mismas del poder, que busca sacar ventajas en medio del caos.

Y conforme más se acerca la fecha de las elecciones, más se tensa el ambiente, máxime que las presiones del gobierno federal sobre el estatal para que ponga en orden el desbarajuste en materia económica y de seguridad en que se ha sumido a Veracruz desde hace una década, han aumentado tras la difusión de las astronómicas irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, ninguna de las medidas aplicadas hasta ahora por el Gobierno del Estado han dado algún resultado mediadamente satisfactorio. La solventación de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación está lejos de comprobar un uso adecuado del dinero público. Y mientras el Gobernador se llena la boca hablando de que la inversión en seguridad será el “legado” de su gobierno, la violencia se dispara en el norte, el centro y el sur del estado.

En buena medida, el desorden que impera en Veracruz tiene que ver con que no hay quien ejerza el poder con real autoridad. Javier Duarte de Ochoa es un gobernante disminuido, desgastado, que no tiene el respeto ni de sus subalternos y que toma decisiones a golpe de víscera.

Y alrededor suyo, los integrantes de su primer círculo lo único en lo que piensan es en proteger sus parcelas de poder así como los negocios que han hecho a su amparo. Y esto incluye a muchos familiares directos e indirectos del propio Duarte, quienes tras años de secretos a voces, han comenzado a ser exhibidos en medios locales y nacionales en actos que podrían calificarse como de nepotismo, conflicto de intereses y tráfico de influencias, con los cuales se habrían enriquecido de manera desmedida.

Por ello no es de extrañar que haya comenzado a propalarse el rumor de que la gubernatura de dos años podría ser echada abajo una vez pasadas las elecciones del 7 de junio.

Si esa intención llegase a concretarse, lo cual implicaría una nueva reforma a la Constitución de Veracruz, representaría el más duro golpe contra la presente administración, que promovió hasta la ignominia la gubernatura de dos años. Una humillación pública y política de nivel internacional. Y lo más importante: enterraría definitivamente la intentona de este grupo político por perpetuarse en el poder en el estado.

Veracruz está que arde. Y no sólo por el clima.

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