En la era del régimen priista faraónico más autoritario, era una práctica común de los presidentes en funciones remover gobernadores para hacer sentir a toda la clase política lo que podía pasar cuando se caía de la gracia del todopoderoso titular del Ejecutivo.

Era también una ominosa manera de burlarse de la población y de la inexistente democracia, ya que esos actos de totalitarismo aplastaban lo que se suponía era la “voluntad popular” para elegir gobernantes, que aunque era una farsa, pues no había elecciones realmente libres, sí representaba un marco de mínima estabilidad y gobernabilidad para el régimen en esos años.

De este modo, en 1975 Luis Echeverría “destituyó” al gobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich, y en 1977 al de Oaxaca, Manuel Zárate Aquino. El primero, por una matanza de campesinos; al segundo, por los conflictos magisteriales que terminaron con el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El presidente que más gobernadores movió de sus puestos fue Carlos Salinas de Gortari, con 16 durante su sexenio. Algunos para promoverlos en su gabinete, como fue el caso de Fernando Gutiérrez Barrios, que dejó la gubernatura de Veracruz para convertirse en secretario de Gobernación. A muchos otros, para calmar a la oposición por lo cuestionado de las elecciones de las que surgieron, caso de Ramón Aguirre en Guanajuato y de Fausto Zapata en San Luis Potosí, dando inicio a las “concertacesiones” entre el gobierno y el PAN.

Ernesto Zedillo no se quedó muy atrás. En su sexenio salieron diez gobernadores de sus estados, la mayoría “por las circunstancias políticas del momento”. El único que resistió la embestida presidencial fue el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, quien no aceptó ser relevado y prácticamente se acuarteló en su entidad hasta el final de la administración  zedillista.

Los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, hay que reconocerlo, terminaron con la práctica del garrote político a los gobernadores y no “derrocaron” a ninguno. Los que salieron antes de concluir sus periodos lo hicieron para “brincar” a cargos dentro del Gobierno Federal o en la dirigencia de sus partidos.

Tan ancha fue la manga que les dieron Fox y Calderón a los gobernadores, que muchos de éstos, en especial los priistas, abusaron del poder y convirtieron sus estados en auténticos feudos donde sus deseos eran órdenes de carácter imperial. Veracruz, en tiempos de Fidel Herrera, fue uno de ellos.

El retorno del PRI a Los Pinos ha supuesto también el regreso de viejas prácticas de la política al estilo tricolor. La más tangible es la de mano dura, de control y autoritarismo que recuerda las formas de la “presidencia imperial” descrita por Enrique Krauze. La detención del ex vocero de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, es un ejemplo clarísimo de esto.

Pero a pesar de la monumental ineptitud de muchos de ellos, el presidente Enrique Peña Nieto había evitado remover gobernadores. ¿La razón? Que él mismo fue mandatario estatal. Hasta que la situación de ingobernabilidad y descomposición política en Michoacán obligó a que Fausto Vallejo presentara su “renuncia” por “motivos de salud”.

Como sucede cuando se comete algún acto criminal, como un asesinato, lo difícil es la primera vez. Las demás, vienen solas. Y ése parece ser el nuevo mensaje de Peña Nieto a los gobernadores del PRI, con los que se ha estado reuniendo bastante seguido: o dan resultados y atienden las instrucciones dadas desde el Altiplano, o se atienen a las consecuencias.

Más de uno debería poner sus barbas a remojar.

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