A un año del homicidio del pastor, Claudio Martínez Morales hay más dudas que resultados, pues hasta el momento no hay ninguna persona tras las rejas purgando una condena por este crimen.

Los cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fueron señalados como probables responsables de haber asesinado al líder evangélico ya reanudaron sus labores en la paraestatal tras haber permanecido durante 284 días en la cárcel luego de salir libres amparados por la justicia federal debido a violaciones en el proceso que se siguió en su contra así como por actos de tortura de los que fueron víctima a manos de elementos de la Procuraduría General de Justicia (PG) del Estado para que se declararan culpables.

Esto derivó, a su vez, en una recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la PGJ en la que se establecen sanciones a cuatro agentes de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) con destacamento en Coatzacoalcos por haber incurrido en violaciones  de derechos humanos.

La sanción también incluye a los doctores y peritos médicos forenses adscritos a la Delegación de Servicios Periciales con residencia en Coatzacoalcos y Minatitlán por no haber cumplido cabalmente con su responsabilidad, pues omitieron certificar algunas de las lesiones que eran evidentes y presentaban los electricistas tras haber sido detenidos en forma arbitraria en agosto del año pasado.

E incluso, se encontró que un elemento de la AVI era reincidente, por lo que se acordó otorgar una “Garantía de No Repetición” para evitar que los servidores públicos incurran nuevamente en estos hechos y tampoco tomen represalias, hostiguen o molesten a los agraviados o sus familiares.

En la recomendación, la CEDH exige a la PGJ una investigación interna exhaustiva, seria, responsable, eficiente y eficaz sobre los nombres y cargos de los oficiales y elementos de la entonces AVI con destacamento en Coatzacoalcos que intervinieron y participaron en la retención y atentaron contra la seguridad e integridad física y personal de los trabajadores de la CFE o que lo permitieron, toleraron y/o consintieron.

También se deberá iniciar un procedimiento administrativo en contra de los demás oficiales y elementos de la AVI que les llegare a resultar y se les desprendiera responsabilidad, por acción y/u omisión por la retención de que fueron objeto los trabajadores y del resto de las violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, el titular de la PGJ –Luis Ángel Bravo Conteras- insiste en ir tras los electricistas.

Hace una semana, el fiscal veracruzano anunció que replanteará su acusación en contra de los empleados de la paraestatal, pues tiene un plazo de tres meses para ello.

El funcionario aseguró que se actuará en forma legal sobre los trabajadores de la CFE, pues recalcó que éstos no han sido exonerados del delito de homicidio del pastor Claudio Martínez.

“Tengo tres meses para replantear mi acusación y eso te lo juro que lo voy a hacer y trataré de hacerlo conforme al marco legal. La exoneración no puede decir que son inocentes, fue que dice que se obtuvo una declaración a base de tortura y por eso no valió”, dijo en días pasados.

Mientras tanto, los electricistas y sus abogados se preparan para una nueva batalla legal contra la PGJ.

Es importante resaltar que mientras eso sucede no hay información alguna sobre la viuda Luz Margarita Enríquez Reyes, pues desde que se dictó auto de formal prisión a los cuatro trabajadores de CFE la nueva guía de la iglesia “Comunidad de Dios” desapareció de la luz pública.

La tumba del pastor Claudio Martínez, por su parte, permanece en un panteón exclusivo al poniente de Coatzacoalcos donde se encuentra rodeada de maleza.