En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido el área de la educación para el gobierno veracruzano, que no da una en “amarrarle las manos” a sus codiciosos funcionarios, ni ha sido capaz de encontrar una salida al conflicto magisterial que no sobrepase los límites de la legalidad.

Por un lado, se encuentra enfrascado en un tremendo problema por la solventación de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública de los ejercicios 2011 y 2012 en la Secretaría de Educación, donde se encontraron presuntos desvíos millonarios que habrían sido la razón (o el pretexto, como se le quiera ver) de la salida de Edgar Spinoso Carrera de la Oficialía Mayor de esa dependencia.

Para muestra, un botón. En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio 2012 fue negativo y realiza observaciones sobre dos mil 90 millones 318 mil 900 pesos por recursos transferidos a cuentas del estado, 57 millones 845 mil 700 pesos por concepto de bonos y compensaciones que no cuentan con normativa para su otorgamiento, 115 millones 397 mil 300 pesos por personal comisionado a las diferentes secciones sindicales y siete millones 577 mil 900 pesos por gastos no financiables con este fondo.

En ese mismo rubro, el ente fiscalizador federal reclama que la Secretaría de Educación de Veracruz no constituyó 32 consejos escolares de participación social que debía haber instalado, y de los 126 revisados, 90 no operaron conforme a las disposiciones aplicables.

Asimismo, en el apartado sobre Apoyos Complementarios para este mismo Fondo, la Auditoría Superior de la Federación reclama pagos de intereses generados por este programa del orden mil 387 millones 500 mil pesos y 118 millones 700 mil pesos que no contaron con evidencia del destino y aplicación de los recursos.

Pero por si no fuera bastante, el Gobierno y el Congreso de Veracruz fueron exhibidos por el bodrio legislativo con el que intentaron apaciguar los ánimos de los maestros tras la “reforma educativa”.

La llamada “armonización” que se ejecutó en Veracruz es, simplemente, inconstitucional, como ya lo había dado a entender el secretario Emilio Chauyffet Chemor hace unas semanas, pues el estado se arroga facultades que no tiene.

Así lo explicó el profesor Edgar Corzo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al hacer hincapié en lo que se aprobó en el Congreso veracruzano: “la armonización era para seguir los lineamientos establecidos en la ley general, pero en algunos casos crearon autoridades intermedias que no deberían existir; se excedieron, pues no tienen facultades para hacer evaluaciones estatales”, dijo, al opinar sobre la creación del Instituto Veracruzano para la Evaluación Educativa, cuando “el único facultado es el INEE” (Instituto Nacional para la Evaluación Educativa).

La cereza del pastel la puso, como ya lo había hecho antes, la derecha empresarial, representada por Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, la principal impulsora de la “reforma educativa” que promovió el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Mexicanos Primero señala que la legislación de Veracruz, junto con la de los estados de Hidalgo, Nuevo León, Zacatecas, Yucatán y Sinaloa, incumplió con “omisiones graves o francas contradicciones a la ley general”, en referencia a la reforma al artículo 3 Constitucional.

“Los congresos faltantes deben cumplir con su responsabilidad a la brevedad. La autoridad federal debe usar todas las herramientas a su alcance para que ello ocurra como interponer una controversia constitucional en el caso de los estados incumplidos”, enfatizó Mexicanos Primero, que además acusó a estos mismos estados de permitir que se continúe con la práctica de pagar “aviadores” que no están frente a grupo, sino en “comisiones” de cualquier otra índole, casi siempre injustificada.

Así que la “armonización” de la “reforma educativa”, que para los líderes sindicales magisteriales veracruzanos es “perfecta”, está a un tris de ser echada abajo, con todo y que el secretario Adolfo Mota diga que Veracruz estaba “en su derecho” de hacer su propia ley. Como si no fuera parte de un pacto federal.

El caso es que sigue abierta la caja de Pandora de la educación en Veracruz. Y los principales afectados de todos estos desatinos y trapacerías son, como siempre, los estudiantes.

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