Desde el retorno del PRI al poder presidencial, se comenzó a experimentar en México un paulatino retroceso en las libertades democráticas conquistadas a finales del siglo pasado.

La restauración del régimen trajo consigo el regreso de muchas viejas formas de hacer política y ejercer el poder, casi en estado puro, intactas, mientras que otras se han adecuado a los tiempos modernos.

El acoso gubernamental es una de estas prácticas, que el régimen ha comenzado a usar para diversos fines. Un ejemplo de ello es la publicación de los nombres de presuntos deudores de impuestos, que causó revuelo y molestia a inicios de este año, ya que muchas personas fueron expuestas erróneamente como morosas.

Ahora se ha dado otro paso con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a las procuradurías ordenar la geolocalización de teléfonos celulares, sin que necesite la autorización previa de un juez.

Según esto, se busca facilitar la ubicación en tiempo real de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores. El único requisito que se le pide a los ministerios públicos es que expongan una razón que “mínimamente razone” la petición, como que se notifique a los concesionarios de la telefonía móvil la averiguación previa que fundamenta la petición. Con eso, estableció la Corte, se evitarían los abusos de parte de las autoridades que participen en la investigación de delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

Aunque pudiera parecer una medida pertinente, considerando la dimensión  y gravedad que estos delitos han alcanzado en México, no es tal, no en un país como el nuestro. ¿Por qué? Porque se le otorgan facultades extraordinarias a los ministerios públicos sin que se haya erradicado primero la corrupción en los mismos, que además, a menudo son utilizados con motivaciones políticas extralegales.

La geolocalización instantánea de aparatos de telefonía móvil sin que al menos un juez sancione previamente su conveniencia, es otorgar una patente de corso para que las procuradurías cometan abusos contra la población, que de por sí los padece, o bien hostigue a los enemigos políticos del gobierno al que sirvan. Como lo señaló el ministro Sergio Valls, quien votó en contra de la resolución, el “candado” que se le puso a esta medida es apenas un “acto de buena fe”, que en el caso de procesos judiciales es lo mismo que jugar a la ruleta rusa.

No es conculcando libertades ni exponiendo a los ciudadanos al descrédito como se va a restablecer la seguridad y la paz en el país, ni la manera de aumentar la recaudación fiscal. A menos que lo que quiera el gobierno de Enrique Peña Nieto sea declarar un estado de excepción para resolver todos los problemas.

Pero eso, más bien sería terrorismo de Estado.

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