Más de un año tardó el gobierno de Enrique Peña Nieto en hacer algo en el estado de Michoacán, asolado por la violencia del crimen organizado.

Pero en un acto por demás inverosímil, indignante y ruin, lo que decidió hacer fue reprimir, abriendo fuego contra la población civil que ante la absoluta incompetencia del gobierno estatal y la indiferencia del federal, tomó las armas para combatir a los narcotraficantes que se habían adueñado de buena parte del territorio de aquella entidad.

La entrada del ejército para desarmar a las llamadas autodefensas en la tierra caliente de Michoacán, al momento de escribir estas líneas, ya había costado la vida al menos a dos personas según la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque las autodefensas reportan cuatro decesos, entre ellos el de una niña de 11 años.

Las justificaciones del gobierno (y de sus jilgueros en los medios) son que permitir que la población civil se arme y tome la justicia en sus manos es caer en la anarquía. Aún concediéndoles por un momento la razón, ¿qué le queda a la gente cuando la autoridad no cumple con uno de sus principales deberes, que es garantizar la seguridad personal y patrimonial de sus gobernados?

¿Qué camino puede seguir un ciudadano cuando los delincuentes le cobran “derecho de piso” por trabajar, cuando sus casas son desvalijadas, sus mujeres son secuestradas y ultrajadas por los criminales, mientras sus hijos son “reclutados” para integrar los comandos de sicarios, todo en la más absoluta impunidad, pues éstos están coludidos con los policías? ¿Qué le puede reprochar un gobierno inútil a una población harta, que simplemente hizo el trabajo que la autoridad fue omisa en desempeñar?

Pues el gobierno de Peña Nieto decidió arremeter contra la población para “poner orden”. Pero contra los narcotraficantes no ha movido un dedo. Siguen tan campantes como siempre. En Michoacán y en otros estados, como el de Veracruz, que según un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dado a conocer en diciembre pasado, también alberga autodefensas, siempre negadas por el gobierno estatal.

Aquí en el Golfo la situación no es muy diferente a la que se vive en el occidente del país, aunque la propaganda oficial anuncie que visitas como la que acaba de realizar el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a la entidad “es muestra de la excelente labor que está realizando en materia de seguridad el gobierno de Javier Duarte de Ochoa”.

Respecto de lo anterior, habría que conocer la opinión de las familias de las decenas de jóvenes desaparecidos en territorio veracruzano en los últimos tres años, como la muy reciente de Gibrán Martiz en Xalapa. O la de la población de las ciudades de Veracruz y Acayucan, por citar dos, donde hay ejecuciones y enfrentamientos todos los días. ¿También van a esperar a que la gente tome las armas para actuar?

La estrategia del Gobierno Federal en materia de seguridad y combate a la violencia ha demostrado su inoperancia, con un agravante en los últimos días: ya no pudieron evitar que se hablara de eso en los medios de comunicación.

El fracaso es monumental.

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