Aunque se daba por hecho que Alberto Sosa Hernández se reelegiría como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, su designación este lunes provocó una respuesta airada y virulenta de dos magistradas que contendían por el mismo cargo.

Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga no tuvieron pelos en la lengua para denunciar que hubo corrupción en este proceso, y que incluso se repartió dinero entre quienes tenían en sus manos la decisión de reelegir a Sosa Hernández u optar por otra persona.

“Yo no tengo dinero para comprar conciencias”, soltó sin más Castañeda Palmeros, quien refirió que le habían sugerido declinar a sus aspiraciones por encabezar el Poder Judicial del Estado.

Al hacer uso de la voz durante la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, compuesto por los ochos magistrados presidentes de la salas que integran el Poder Judicial local, Castañeda acusó que la decisión ya estaba tomada y la elección arreglada, lo que provocó las risas socarronas de algunos magistrados, como el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, Daniel Ruiz.

"A mí no se me hace de risa la corrupción que existe en la impartición de justicia, a mí no se me hace chistoso. La corrupción está a todo lo que da, sobre todo en muchos juzgados", espetó la magistrada al ser entrevistada más tarde.

Concepción Flores Saviaga fue más allá. Indignada porque ni siquiera fue propuesta para competir en la terna final, a pesar de que –según ella– tenía un acuerdo con dos magistrados para tal efecto, acusó que hubo transferencias bancarias para comprar el voto de los juzgadores, y anunció que impugnará la reelección de Sosa Hernández. “Es una sesión sucia y aparte hubo mano sucia”, se quejó.

No falta quien señale que al calor de un proceso electivo, este tipo de señalamientos se sueltan sin más. Pero cuando se trata de la instancia donde se imparte la justicia en el estado de Veracruz, se trata de acusaciones muy graves, que, sin duda, quienes las hacen deben probar, pero quienes las reciben deberían aclararlas para no dejar asomo de duda sobre su probidad.

Desgraciadamente, el Poder Judicial del Estado está tan desacreditado como el conjunto de la clase política. La corrupción en los juzgados es tan evidente como la luz del día, y la supeditación de muchos de los togados a los intereses de la clase gobernante hacen de la autonomía del Tribunal una mera simulación. Para muestra, el nombramiento de magistrados sin mayor merecimiento para ello que la amistad con quien manda en la entidad.

Difícilmente podrán echar abajo la designación de Alberto Sosa Hernández como presidente del Tribunal para los siguientes tres años. Pero las acusaciones ahí quedan, y se suman a la larga e ignominiosa lista de felonías que son el pan nuestro no sólo de la “tremenda corte”, sino de todo Veracruz.

Y si tomamos como referencia lo sucedido en los primeros tres años de Sosa Hernández al frente del Tribunal, pues no hay que esperar mucho de la justicia en Veracruz para lo que resta del sexenio.

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