Ha comenzado a convertirse en una bomba de tiempo el proyecto de la administración López Obrador para incorporar bajo control federal a decenas de miles de médicos, personal sanitario e infraestructura hospitalaria que administran hoy los gobiernos estatales. El sueño de un sistema universal de salud parece dirigirse a una pesadilla.

El tropezón arrastra ya a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien enfrenta protestas sindicales desde múltiples estados, pues se ha decidido un giro a la idea de incorporar esa enorme fuerza laboral al “IMSS Bienestar”  -una clonación del IMSS como lo conocemos- y entregarla a uno de los líderes gremiales más subordinados a la 4T, Joel Ayala Almeida, el hombre de 75 años que acumula un cuarto de siglo al frente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

El aspecto explosivo de esta determinación, según consultas realizadas por este espacio con expertos, es que la enorme masa laboral de trabajadores de la salud -médicos, enfermeras, residentes, camilleros, personal administrativo- que proviene de los estados será incorporada al gobierno federal bajo el llamado “Apartado B” del artículo 123 constitucional, con limitaciones claras sobre sus derechos de asociación, huelga y otras actividades.

De esta manera, el nuevo modelo de salud pública “a la escandinava”, según lo anunció el presidente López Obrador, nacerá en un pantano jurídico que mezclará a los trabajadores del IMSS bajo su actual diseño jurídico -tripartita, con cuotas del Estado, empresarios y trabajadores-, más el “IMSS Bienestar”, con empleados de nueva contratación, todos ellos en el “Apartado A” del artículo referido, mientras que los viejos trabajadores estatales estarán en una suerte de “IMSS 3.0”…, en brazos del señor Ayala, cualquier cosa que eso signifique.

La prueba piloto comenzó en Nayarit, con el gobierno del morenista Miguel Ángel Navarro, médico de profesión y exsenador, que había mostrado empatía con la calamidad en la que se ha convertido la salud pública, cuyos aspectos más descarnados se viven en las instalaciones del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y de muchas entidades. Los 6,000 trabajadores sanitarios nayaritas fueron los primeros en entrar al limbo jurídico y laboral en el que nadie sabe qué será de ellos.

Panfletos distribuidos por la FTSE en Nayarit llaman a los trabajadores a firmar su transición al ámbito federal con el compromiso de que sus derechos serán respetados, “como lo ha prometido el presidente López Obrador”.  

El problema explotará en las próximas semanas, cuando el proceso alcance a entidades con gran infraestructura local pública de salud, pues los gobiernos de Nuevo León y de la ciudad de México se declararon listos para consumar este proceso.

            Apuntes: Parafraseando al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, “hay tiro”…, pero para relevarlo del cargo, incluso antes del término de su mandato, el próximo año. Con la mano bien levantada para ese lance se ve ya al gobernador saliente de Aguascalientes, Martín Orozco, y al coordinador de la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, Jorge Romero. El primero acumula un largo intercambio de puyas con Cortés, el más reciente por la disputa de la candidatura a la gubernatura del estado, que ganó Tere Jiménez, una protegida del líder partidista. El segundo está siendo alentado por figuras del blanquiazul, y no solo en la ciudad de México, donde radica su trayectoria. Las porras le llegan incluso desde la lejana Baja California, como es el caso de Carlos Alberto Torres, con quien Romero compartió lides en las juventudes panistas. Torres es el influyente esposo de la actual gobernadora del estado, la morenista Marina del Pilar Ávila.

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