Pese a un contexto de reuniones de alto nivel que sugiere mayor cercanía y entendimiento, señales desde el gobierno norteamericano de Joe Biden anticipan una etapa dura, como acostumbran a operar ante gobiernos incómodos los demócratas cuando ocupan la Casa Blanca: tersa en apariencia, pero poblada por halcones que ejercen presiones en múltiples niveles.

    Esta directriz podría estarse demostrando en estas mismas horas, al retomarse en los hechos el llamado “Título 42” instaurado por el gobierno Trump para deportaciones exprés de migrantes, que estaba en virtual suspenso con Biden.   

    Más allá del tema diplomático, el mensaje en materia económica es que Washington no alentará acciones legales, pero tampoco frenará a corporaciones del vecino país que se dicen atropelladas por políticas energéticas y comerciales en México. Muestra de ello es la multimillonaria demanda anunciada el pasado 3 de septiembre por el gigante “Talos Energy” para impugnar ante paneles del T-MEC decisiones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, señalada por presuntamente violar acuerdos de explotación petrolera del llamado mega-yacimiento Zama, frente a las costas de Tabasco.  

    Hay una cortina de humo generada por el hecho de que no se ha renovado la visa para estar en México a un puñado de efectivos de la oficina antinarcóticos DEA. Poco más de una docena de ellos, de un total que excede el número de 60 operando en territorio nacional, está en esa condición desde la breve detención en la Unión Americana -que cumplió un año este fin de semana- del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa. 

En realidad, la DEA está ejecutando una rotación a fondo de sus agentes aquí para colocar perfiles más experimentados en temas de crimen organizado y terrorismo, de acuerdo con lo que compartieron con este espacio fuentes diplomáticas asentadas en nuestro país. 

    Lo mismo ha empezado a ocurrir con funcionarios ligados a temas de seguridad e inteligencia acreditados por la embajada estadounidense que encabeza Ken Salazar. Entre los relevos se hallan ya quienes son los ojos y oídos de agencias como el FBI, y se prevé que lo mismo ocurra con lo que corresponde a los sistemas de aduanas, migración, armas y frontera.

    Desde instancias del gobierno mexicano se filtra la versión de que tener en suspenso las citadas visas de los agentes de la DEA se debe a un reclamo de Palacio para que agentes mexicanos también tengan acceso a oficinas clave en el sistema de vigilancia e inteligencia norteamericano.

    Esta postura, expresada desde inicios de la administración Peña Nieto, debe despertar perplejidad en Washington, porque tras el inicio del gobierno López Obrador ha ocurrido lo contrario: fue desmantelada la presencia de representantes que operaban con sus contrapartes estadounidenses en áreas sensibles, como la intercepción de naves -aéreas y marítimas- sospechosas de transportar drogas, armas y otros materiales peligrosos. Lo mismo ocurre en otras tareas estratégicas (aduanas, frontera, amas), en las que los espacios de colaboración están vacíos. 

    Gabriela Justina Tapia permaneció en Washington durante meses a inicios de la actual administración, proyectada como representante de la Policía Federal Preventiva (PFP), pero cayó en un hoyo negro administrativo durante la gestión de Alfonso Durazo -hoy gobernador de Sonora- como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese limbo estaba cuando en diciembre de 2019 fue detenido en Estados Unidos Genaro García Luna, con quien ella colaboró como directora del Centro de Alertas y Riesgos, dentro de la División de Inteligencia de la propia PFP. Acabó regresando a México, donde en marzo de 2020 Durazo la hizo directora general de Inteligencia de la Guardia Nacional. 

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