Víctor Antonio Carrancá Bourget, Facundo Rosas Rosas y Juan Pablo Piña Kurczyn están en riesgo judicial si el gobierno del estado de Puebla logra reabrir las investigaciones de la represión policial cometida en 2014 contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

Son tres de los hombres que cerraron filas con el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y su titular de Gobernación, Luis Maldonado Venegas, ambos ya fallecidos, para impedir el avance en las investigaciones del operativo que terminó con la vida de José Luis Tehuatlie, en la autopista Puebla-Atlixco.

La actual administración de Luis Miguel Barbosa Huerta no precisa aún qué delitos investigará, pero es la segunda vez que, como gobernador, Barbosa se pronuncia porque se reabran las investigaciones.

La primera de ellas la hizo en septiembre de 2019, cuando pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reabra el caso no para juzgar a un muerto, sino para que se investigue y se haga justicia, porque "es un compromiso con la gente de Chalchihuapan; la segunda, fue el pasado viernes 10 de julio, cuando dijo que desde la competencia de la Fiscalía General del Estado se fincarán responsabilidades penales a todos los involucrados en este vergonzoso acto de corrupción gubernamental."

Las reformas de Moreno Valle

Dos polémicas reformas propuestas por Rafael Moreno Valle Rosas se conjuntaron en San Bernardino Chalchihuapan: en noviembre de 2013, a propuesta del gobernador, los diputados locales le retiraron el registro civil a las 611 juntas auxiliares del estado y con ello la atribución para actuar como jueces impidiéndoles la recaudación de recursos.

Los cambios entraron en vigor el 11 de junio de 2014, cuando en el Periódico Oficial del Estado de Puebla se publica el Acuerdo del Secretario General de Gobierno, por el que emitió los "Lineamientos Generales para la Entrega-recepción del Registro Civil, de las Juntas Auxiliares a los Municipios".

El 19 de mayo de 2014, seis meses después de que los diputados avalaran quitar el registro civil a las juntas auxiliares, el Congreso avaló otra iniciativa de ley de Moreno Valle, ahora para regular el uso legítimo de la fuerza.

La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, también conocida como "Ley Bala", avaló que la policía pudiera usar en manifestaciones armas de fuego y armas no letales, como bastones policiales, agentes químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control y armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes.

La ley, aprobada con 35 votos a favor de los legisladores de PRI y PAN, y 5 abstenciones de diputados del PRD y el PVEM, fue firmada finalmente por los diputados Susana del Carmen Riestra Piña, José Gaudencio Víctor León Castañeda, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Julián Rendón Tapia.

¿Qué ocurrió en Chalchihuapan?

El 9 de julio de 2014, pobladores de la comunidad de Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Ocoyucan, bloquearon la autopista Puebla-Atlixco en demanda de que el gobierno de Moreno Valle Rosas les restituyera las oficinas del Registro Civil.

La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Facundo Rosas Rosas, envió un equipo de 426 elementos de la Policía Estatal Preventiva —392 escuderos, 20 escopeteros y 14 granaderos— que amparados por la Ley Bala usaron balas de goma para reprimir a los inconformes y reabrir la circulación.

En la recomendación 2VG/2014 dirigida a Rafael Moreno Valle Rosas, la CNDH señaló que en el operativo Pegaso, como oficialmente se le llamó al caso, hubo uso indebido de la fuerza pública, privación de la vida, malos tratos e imputación indebida de hechos, inadecuada atención a víctimas, impunidad de los delitos y agresiones a policías, indebida preservación y alteración del lugar de los hechos.

Como consecuencia de los acontecimientos, señala la recomendación, murió José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad; dos niños más y siete adultos resultaron con lesiones sin que se les hubiera otorgado atención médica en el lugar de los hechos; 49 policías presentaron lesiones; cuatro personas fueron detenidas y posteriormente liberadas, y existió un número indeterminado de personas agraviadas.

Entre las inconsistencias encontradas por la CNDH se señala que Facundo Rosas dijo que la Policía Estatal Preventiva recibió a las 12 horas del día de los acontecimientos la alerta vía C4 de que un grupo de personas impedía la circulación en la autopista Puebla-Atlixco a la altura del kilómetro 14+200.

Sin embargo, la CNDH encontró evidencia de que el 8 de julio de 2014 los policías recibieron la instrucción de prepararse con su equipo antimotín y concentrarse para ser trasladados a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, donde recibieron indicaciones y equipo táctico para atender una posible eventualidad a la altura del kilómetro 14 de la carretera estatal 438-D, Atlixco-Puebla.

Otra de las irregularidades detectadas a la SSP es que afirmó que los manifestantes iniciaron la violencia al lanzar piedras a los elementos de la policía, pero en diversos videos y testimonios se da cuenta de que fueron los elementos de seguridad los que para desplazar a los manifestantes lanzaron granadas de gas lacrimógeno lo que dispersó a unos manifestantes y ocasionó que otros respondieran a la agresión aventando piedras.

Y, la que quizá sea la más grave de las inconsistencias de la dependencia a cargo de Facundo Rosas: personal de la policía preventiva, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, informó que sólo portaba equipo disuasivo no letal, pero José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue herido en el lado izquierdo de la cabeza, justo arriba del oído, por lo que perdió la vida. Al menos nueve personas más resultaron lesionadas.

El gobierno del estado aseguró que la herida del menor de edad fue ocasionada por un cohetón que lanzaron los mismos manifestantes, pero los peritos de la CNDH no encontraron heridas que de ser el caso hubiera causado la onda expansiva. Otro menor de 16 años de edad recibió un impacto que le fracturó la mano derecha y le lesionó los tendones; uno más, de 17 años, sintió que un objeto lo golpeó en la barbilla y luego rebotó en el lado izquierdo de su pecho; de acuerdo con los médicos, tenía una quemadura de forma semicircular de 6 centímetros. La CNDH encontró que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en entonces a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget, sólo inició investigaciones por los casos de tres de los lesionados, y no encontró evidencia de que hubiera certificado, atendido o iniciado investigación de las demás personas afectadas en el operativo; en su recomendación señala también que hubo una indebida procuración de justicia al omitir iniciar una investigación por las lesiones y no reconocerles el carácter de víctimas, ni respetó la presunción de inocencia en las detenciones de varios de los manifestantes.

Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del ex gobernador poblano Mariano Piña Olaya, fue Sexto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Raúl Plascencia, de quien también fue asesor en la primera visitaduría. Fue nombrado por Moreno Valle como jefe de su oficina en 2014. Asesoró al gobierno para sostener que la muerte de Tehuatlie Tamayo fue originada por un cohetón y no por balas de goma.

¿Dónde están los responsables?

Facundo Rosas Rosas, de 55 años de edad, renunció en 2015 a la Secretaría de Seguridad Pública luego de que se fueran detenidos el ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, por su presunta protección a grupos de huachicoleros. 

Estuvo al frente de la dependencia durante dos años y tres meses, y se le considera como uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, detenido en diciembre de 2020 con tres cargos de narcotráfico por proteger al Cártel de Sinaloa, y uno por falsedad en declaración para adquirir la residencia permanente en Estados Unidos. 

En noviembre de 2014 fue señalado por Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", como parte de los altos mandos que recibían dinero del crimen organizado.

Actualmente es columnista en el periódico El Heraldo.

Víctor Antonio Carrancá Bourget fue nombrado en 2011 como titular de la Procuraduría General de Justicia; en 2015 Rafael Moreno Valle Rosas envió una iniciativa al Congreso para que la Procuraduría General de Justicia se convirtiera en Fiscalía y Carrancá, tras aprobarse la reforma, fue nombrado en 2016 como fiscal hasta diciembre del año 2022. 

El 4 de septiembre de 2018 solicitó licencia por 30 días para separarse de sus funciones luego de que Martha Erika Alonso, entonces candidata a gobernadora, declarara "si no puede, que renuncie", tras el homicidio de la candidata a diputada local del Partido Verde, Juana Iraís Maldonado, y la regidora de Juan Galindo, Erika Cázares. 

Su licencia se prolongó hasta el 5 de diciembre de 2019 cuando presentó su renuncia como titular de la Fiscalía y abrió la puerta para designar a Gilberto Higuera Bernal, quien en su ausencia estuvo como encargado de despacho.

Juan Pablo Piña Kurczyn, consejero jurídico durante el sexenio de Moreno Valle, fue nombrado como titular de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno con el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido y hasta el 21 de noviembre de 2019 seguía en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta. 

Araceli Bautista Gutiérrez, madre de Javier Montes Bautista, edil de Chalchihuapan considerado preso político del morenovallismo, dijo a finales de 2019 que "un día de estos nos atendió (Juan Pablo Piña Kurczyn) y yo sentí de todo, pero dije, bueno, está en Gobernación, en una subsecretaría, yo qué puedo hacer".

La semana pasada, Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, pidió que se investigue al exprocurador Víctor Carrancá, al exsecretario de Seguridad, Facundo Rosas, y a Juan Pablo Piña; la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) informó esta semana que no tiene atribuciones legales para reabrir el caso que, agregó, ya es competencia de la CNDH, instancia que informó en noviembre de 2018 que el gobierno de Puebla dio cumplimiento a los 11 puntos de la recomendación 2VG/2014.

Con información de La Silla Rota